Seguridad ciudadana a cuidados intensivos

O no tardarán en generarse múltiples “fuenteovejunas”

Estos cinco años de desgobierno nos dejan una disminución de la inversión y una inseguridad rampante, con evidencias claras de infiltración severa en los operadores de justicia (PNP, MP, PJ, INPE). Policías que integran o dirigen bandas, fiscales y jueces que miran para otro lado, cárceles doradas para los cabecillas son las evidencias de esa desesperante impunidad que se ha convertido en acicate del accionar cada vez más violento de las bandas.

No hay tiempo para seguir improvisando ni espacio para reeditar payasadas mediáticas. Sería absurdo intentar hacer más de lo mismo buscando obtener resultados distintos. No más comités, no más observatorios ni bien pagadas consultorías insulsas; el termómetro no cura y el paciente está para UCI. Tradicionalmente el periodo final de un gobierno suele generar aletargamiento, pero este aletargamiento corre riesgo de convertirse en una parálisis. Los esfuerzos del tardíamente designado ministro Pérez Guadalupe quedarán probablemente cortos por falta de acompañamiento, lo que puede tener efectos severos.

La policía requiere abordar inmediatamente sus principales problemas; incluidas, por supuesto, las remuneraciones. Hay tres tiempos que se deben trabajar en simultáneo, dos de ellos para el futuro: la adecuación del proceso de selección y de la currícula básica (tiempo, materias, etc) a los requerimientos que impone la lucha eficaz del crimen contemporáneo. El tercero es la adecuación de la estrategia, políticas, estructura (acorde necesariamente a las dos primeras), equipamiento, capacitación y entrenamiento constante de los policías que ya están en actividad. Los niveles de corrupción existentes hacen imprescindible que todo lo anterior vaya acompañado de un procedimiento de control y sanción realista y eficaz.

El Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE requieren una reingeniería similar; más delicada en el caso del PJ, porque tiene que hacerse sin violar la independencia de poderes. Mucho se habla de los delincuentes que, tras ser apresados por la policía, son rápidamente liberados por fiscales y jueces. Buena parte de estos casos apestan a complicidad y corrupción, pero además no son pocos los casos en los que la falta de preparación académica policial y de laboratorios acordes al nuevo Código, acaban generando casos endebles que son fácilmente despedazados por un abogado. Por ello, el fiscal o el juez no tienen más remedio que liberar delincuentes, con la consecuente desmoralización policial y mayor pérdida de la confianza ciudadana. Lo dicho es particularmente grave; en otros países ha traído serias consecuencias que no hacen sino agravar la inseguridad.

Las cárceles, más allá de las trasnochadas teorías que tanto gustan a la caviarada, responden esencialmente al clamor social de la existencia de centros de reclusión para mantener a los individuos peligrosos lejos de las familias honestas. Secundariamente se puede trabajar en la recuperación de los que recién se inician en la delincuencia, pero fundamentalmente deben cumplir con la misión especial de aislar a los delincuentes de su entorno. Cuando los gobiernos no cumplen con esa obligación primaria, la población tiende históricamente a enervarse. Esto se suma a la desconfianza en el sistema, por lo que no tardarán en generarse múltiples “fuenteovejunas”, como ya viene sucediendo en los poblados alejados y en los barrios urbanos marginales, con casi nula presencia estatal.

La tarea es difícil y requiere conocimiento, pero no hay tiempo para aprender. Quien entre debe hacerlo sabiendo.

Dardo López-Dolz