Pactos individuales antes que “muerte” congresal

Cinco aproximaciones al problema del transfuguismo

La Comisión de Constitución del Congreso acaba de aprobar una modificación al reglamento del Congreso que, en buena cuenta, decreta la casi “muerte congresal” de quien renuncie o sea expulsado de la bancada por la que fue electo. Más allá del debate constitucional que el hecho acarrea —sobre la necesidad (que es real) de hacer empatía con la voluntad popular, el resguardo de la institucionalidad del Parlamento y la predictibilidad que este debería asegurar—, los hechos puros y duros dictan cosas muy concretas.

Primero. Que las causas habituales de las renuncias, disidencias, desavenencias o expulsiones, la mayoría de las veces tienen que ver con el no alineamiento entre las posiciones personales, regionales o hasta grupales de los representantes con sus respectivas bancadas. No se puede negar que también existen casos de corrupción o inconductas que deben ser sancionadas incluso, como está previsto, con el desafuero. Pero se dan en menor medida.

Segundo. Que dichas crisis se producen ya en el ejercicio del cargo, pues en la arena se conocen a los toreros. Y es en tal momento cuando las condiciones personales, políticas y de todo tipo se revelan.

Tercero. Que pocas organizaciones políticas (por no decir ninguna) se preocupan por filtrar y alinear el interés ulterior del candidato, sino que se limitan a lo inmediato; es decir, el salir electo o reelecto. Se supone que no es el caso de los militantes con trayectoria y vinculación programática e ideológica mucho más arraigada. Lo que se produce con los independientes subidos a bordo es una simple y llana negociación con el partido: te subo al tren porque creo que me sumas votos; y a cambio, te ofrezco una curul, protagonismo, o tal o cual cosa”. (Ni siquiera intento analizar ese otro gran hoyo negro que es el tema del dinero).

Cuarto. Si uno mira la foto general del Congreso, no menos de 100 (casi el 80% del total de 130) son independientes. Y la mayoría de estos independientes ha tenido, de una u otra forma, y en mayor o menor medida, el tipo de negociación antes descrito para acceder a las listas.

Quinto y último. Todo lo anterior es posible por la enorme debilidad de los partidos; pero también por la existencia del voto preferencial, que hasta el momento no tiene visos de desaparecer en este Congreso. Ambos son los motivos que subyacen a la poca adhesión a los propósitos políticos o programáticos de los partidos, y a la mínima lealtad a sus dirigentes.

Pero como el derecho debe abocarse a regular más los hechos que el “deber ser”, una salida más realista y práctica a esta situación (mientras no se logre la “gran” reforma política y electoral del Perú) es exigir que los movimientos políticos hagan transparente la adhesión de sus candidatos (militantes o independientes) en un contrato o acuerdo personal con cada uno de ellos. Estos contratos estarían debidamente fiscalizados y supervisados por el JNE, y regularían los términos del acuerdo. Y, por ende (como todo contrato), su resolución se haría por renuncia, expulsión o lo que fuera, incluyendo todas las penalidades (para uno u otro lado) a las que hubiere lugar.

Hacer lo anterior es mucho más eficaz que decretar la “muerte congresal” del tránsfuga, disidente o expulsado, pues ambas partes asumirían obligaciones sobre la base de situaciones específicas. La ley antitransfuguismo va a generar muchos más incentivos perversos a los congresistas que permanezcan “presos” en las bancadas que lo que hasta hoy se observa.

Mario Saldaña C.

@msaldanac