La interpelación

Expresa el descontento de los parlamentarios con las acciones un ministro

Luego de escuchar al nuevo gabinete y darle el respectivo voto de investidura, respetando el principio de división de poderes, nuestra Constitución permite que los ministros de Estado intervengan en las sesiones del pleno para participar de los debates. Es una práctica usada en muy contadas oportunidades, pero que daría un mayor dinamismo a la relación entre poderes.

La Constitución también establece la institución de la “Estación de preguntas”. En democracias parlamentarias, es una sana práctica que permite un mejor ejercicio de la representación ciudadana frente a la acción del Ejecutivo. El Reglamento del Congreso (herencia del fujimorismo de los noventa) ha burocratizado la institución, haciendo que sea poco utilizada. Que los ministros asistan a responder asuntos relacionados a su cartera, facilitaría absolver interrogantes de los congresistas y evitar ir a otras instancias, como la interpelación.

Los congresistas pueden también convocar a los ministros, tanto a sesiones de las comisiones ordinarias como a las del pleno del Congreso. Esta es una práctica más recurrente, pero ya muestra un nivel mayor de tensión entre poderes. Obligar a un ministro a asistir a una sesión o convocarlo de urgencia es una muestra del poder del Legislativo sobre el Ejecutivo.

La convocatoria a una interpelación es una institución que requiere una serie de formalismos, como número mínimo de congresistas que la soliciten, un proceso especial con plazos razonables para su aprobación y la presentación de un cuestionario que el ministro está obligado en responder. Pero lo más importante: es obligatoria para el ministro convocado. No es pues una institución más de nuestra Constitución, como se ha dicho desde el gobierno. Es una que muestra el descontento de los parlamentarios con las explicaciones que un ministro ha venido ofreciendo, por lo cual se le convoca para que responda a una serie de preguntas precisas. Las constituciones de 1979 y la de 1993 establecieron requisitos mayores que los que establecía la del 1933, pues se evalúa las experiencias de los gobiernos de Bustamante (1945) y Belaunde (1963), cuando se abusó de esta institución.

El ministro Vizcarra ha asistido a explicar los temas referidos al contrato de concesión del Aeropuerto de Chinchero en varias oportunidades; la última a su solicitud en la Comisión Permanente, por encontrarse el Parlamento en receso del pleno. Sus explicaciones no han satisfecho a un importante sector del Parlamento, que ha considerado necesario convocarlo a una interpelación.

Juan Carlos Valdivia