Inseguridad: Se viene otro fracaso

Sobre las medidas propuestas por el gobierno para combatir desborde de delincuencia.

La comprensible ansiedad ciudadana parece esperar que algún especialista diga si las cacareadas normas en materia de Seguridad Ciudadana que dictará el Ejecutivo solucionarán la creciente violencia de la delincuencia común cotidiana y de la manipulación delincuencial de los reclamos sociales. La respuesta es NO, no tendrán el efecto deseado.

Ninguna norma o conjunto de normas solucionará el problema en tanto la aplicación de las mismas continúe a cargo de instituciones de escasísima credibilidad (hablar de popularidad sería excesivo), con fuertes niveles de infiltración por el hampa y con la moral de sus miembros honestos (que aún son mayoría) por los suelos. Ellos (policías, jueces, fiscales y militares honestos) saben que en tanto sigan sin contar con el respaldo político decidido y sostenido del gobierno, su  esperado accionar será estéril y de alto riesgo.

La consecuencia de la imprudente decisión política de elevar la informalidad a la categoría de virtud nacional, acrecentó el irrespeto a la ley  e instaló los cimientos de la creciente ilegalidad. Hay que ser abogado para conocer el límite entre informalidad e ilegalidad. La ley NO es, para la mayoría de los peruanos, algo obligatorio sino un mera referencia para la toma de decisiones.

Es imprescindible retornar a la senda abandonada de la formalización de toda actividad económica, sino el retroceso hacia el salvajismo será irreversible. El Estado de Derecho es inviable sin respeto ciudadano a la institucionalidad y la legalidad. Más leyes que no se cumplen, sin capacidad estatal de sanción justa al culpable, solo servirán para la foto, para decir que si se hizo, igual como sucedió con las compras para la policía.

El otro gran error político fue aceptar que estados culturales previos a la civilización contemporánea merecen el mismo respeto. Son formas no evolucionadas que validan la violación sistemática de los derechos humanos de los que discrepan de sus intereses y el ¨derecho¨ a atropellar al resto del país cuando su voluntad minoritaria no es acatada, amparándose en que son (supuestamente) mayoría en su lugar de residencia. Sería interesante ver si sería igual de entusiasta la reacción de quienes los aplauden ante un ejercicio violento similar, pero en sentido inverso a su reclamo, por parte de los ciudadanos que poblamos las grandes urbes que acogen la mayor parte de la ciudadanía. A la misma razón, el mismo derecho.

Muchas medidas específicas anunciadas no soportan el menor análisis. ¿Más dificultad para los civiles que poseen armas legalmente y ninguna norma para los delincuentes que las poseen ilícitamente? ¿Y los malos militares y malos policías que se las proveen?. Más informalidad = más ilegalidad.

¿Apagón telefónico? ¿Skype, What’s up, …? ¿Y los habitantes de lugares remotos? ¿Geolocalización obligatoria automática para que la DINI siempre sepa donde estamos o estuvimos? ¿Que es más privado que nuestra ubicación? ¿Irreales armas con GPS que solo se venden en la corrupta Venezuela por un solo fabricante RUSO?

Antes de proponer al ministro normas inspiradas en CSI, la PNP debería mirar la realidad y sancionar a los oficiales que inducen al Ministro al ridículo, posando asombrado con rifles de juguete y pisapapeles indefensos con forma de granada, comprados por amazon.com.

Por Dardo López-Dolz

23 – Jun – 2015