Carlos Arnillas Denegri

Carlos Arnillas Denegri

El sistema judicial necesita reformas urgentes

Para el desarrollo económico y la seguridad ciudadana

El sistema judicial necesita reformas urgentes
Carlos Arnillas Denegri
26 de abril del 2018

 

Indignación y rechazo popular produjo en el país la reciente liberación de los cabecillas terroristas Osmán Morote y Margot Liendo, según los jueces, por “exceso de carcelería”. Y a pesar de que sobre el primero penden dos juicios que podrían condenarlo a perpetuidad, por los casos Soras —masacraron a cien campesinos inocentes en Ayacucho— y Tarata (Miraflores), en el que se registraron 25 muertos y 200 heridos.

Con ellos se encuentran en libertad la casi totalidad de criminales senderistas; con excepción de Abimael Guzmán, para quien el Movadef —brazo legal de Sendero Luminoso— viene promoviendo una amnistía que, de concretarse, concluiría con la salida de todos aquellos que causaron zozobra, más de 60,000 muertos y miles de millones de dólares en pérdidas al país. Mientras que los militares encargados de defender la democracia siguen enjuiciados y sometidos al escarnio de jueces y fiscales de un Poder Judicial y un Ministerio Público en los que hoy nadie confía.

La responsabilidad histórica de estos casos es compartida por los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, que dieron decretos leyes conmutando las penas a los terroristas. Y por un Ministerio Público y un Poder Judicial ineptos y complacientes, que hoy se echan la culpa mutuamente, alegando excesiva carga procesal y falta de recursos económicos.

Hoy la reforma judicial se ha tornado en una necesidad básica para el desarrollo económico del país y la seguridad ciudadana. Darle mayores recursos económicos al Poder Judicial y al Ministerio Público, sin reestructurar previamente a estos órganos de justicia, sería como “alimentar a un monstruo”, tal como sostuvo un reconocido jurista al abordar el tema.

La corrupción y la inseguridad ciudadana son dos grandes problemas de gobierno que deben ser resueltos por el Ejecutivo y Legislativo. Para ello deben contar con la asesoría de un “Consejo de Estado”, conformado por profesionales del derecho que gocen de alta credibilidad en la opinión pública y exhiban solventes credenciales profesionales, junto a los representantes designados por los poderes del Estado.

Es claro que no puede estar el “gato de despensero”, tal como ocurre actualmente en el Poder Judicial, donde el Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) es nombrado por la Corte Suprema; es decir, se controlan a sí mismos. Ese órgano, previa reestructuración, debería formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura, para actuar con independencia y sin contemplaciones frente a los malos magistrados, que se cuentan por centenares y que hoy vienen recibiendo sanciones benignas o simplemente son absueltos en forma sospechosa.

En el caso de los fiscales, sucede algo similar; aunque es cierto que son esclavos de un Código Procesal Penal que pareciera haber sido elaborado por los abogados de los delincuentes, al ser garantista en beneficio de los que viven al margen de la ley. Como si eso fuera poco, en el Ministerio de Justicia funciona la Dirección General de Defensa Pública, donde trabajan cientos de abogados remunerados por el Estado para defender a los delincuentes, mientras sus víctimas se encuentran en total desamparo. Ese organismo debe ser eliminado.

Los jueces y fiscales deben ser seleccionados y promovidos a cargos superiores en base a la meritocracia, siguiendo una línea de carrera, para luego ser sometidos a rigurosos exámenes y a la exigencia de estudios de especialización para ejercer la Magistratura. Tal como sucede en otros países, donde la justicia es expeditiva y prestigiosa.

Para ello, los evaluadores tienen que ser profesionales intachables, autónomos y de reconocida solvencia moral. La improvisación, el compadrazgo y la afinidad política deben terminar, para evitar que magistrados como Duberlí Rodríguez o Pablo Sánchez actúen con un cuestionable cálculo político que conduce, irremediablemente, a la inestabilidad y falta de credibilidad.

No olvidemos que casi la totalidad de los ex fiscales de la Nación, si no han terminado presos, tienen juicios pendientes que duermen el sueño de los justos en esa inmensa maraña de expedientes perdidos dentro de los almacenes del Ministerio Público y del Poder Judicial. Por ello, urge implementar una reforma integral en el Poder Judicial y el Ministerio Público, para recuperar la fe y contar con jueces y fiscales capaces, expeditivos, imparciales y con reconocida trayectoria judicial.

 

Carlos Arnillas Denegri
26 de abril del 2018

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