El jinete llamado informalidad. Evidencia para una política de Estado

Uno de los grandes problemas de carácter social y económico

En una entrega anterior hice una breve explicación del grave problema de la informalidad económica y laboral que se tiene en el país, un problema que se debe abordar como política de Estado para lograr una sociedad con equidad. En esa línea de pensamiento, el tema de este artículo explica, con mayor información, la situación de la informalidad laboral para posteriormente plantear esquemas de implementación de una política de Estado.

Esta, reitero, es la única forma de afrontar este grave problema, que se arrastra desde hace mucho y que es momento de abordar con ideas que nos lleven a una solución que es demandada por nuestra sociedad. Previamente a proponer diversos elementos que den pie al esquema, presento algunos datos, que adicionalmente a los ya proporcionados, nos permiten tener claro el objetivo y propósito de la propuesta de implementación.

La informalidad laboral comprende a cerca de doce millones de compatriotas que, respecto de la PEA, representan una cifra sin duda muy alta. A nivel sectorial vemos situaciones muy críticas en los sectores agropecuario (35%), servicios (31%) y comercio (15%). A nivel de las regiones tenemos evidencia de una informalidad estructural, puesto que las regiones como Cajamarca, Amazonas, Huancavelica, Ayacucho, Puno, entre otras, el empleo informal supera el 90% de la PEA. Esto da cuenta de que el empleo formal en tales regiones solo es aportado por el Estado, si se accede a un puesto público. Con esta evidencia estadística, reiteramos lo señalado en el último foro realizado por la Sociedad Nacional de Industrias: debe establecerse el marco legal para que exista una Remuneración Mínima Vital diferenciada por sectores y regiones. No podemos darle la espalda a la realidad.

Comentaba en el mismo evento, que la propuesta presentada por el Ejecutivo para permitir la incorporación de jóvenes al empleo, donde el Estado se compromete a la subvención del aporte de Seguro Social, debe enmarcarse dentro de una política con medidas adicionales con mayor profundidad, y se nos genera la impresión de que estamos ante temas de política puntuales no estructuradas, pues no hay un discurso que evidencia una línea de política con diversas medidas para afrontarlo. No solo hay que pensarlo, se tienen que transmitir todos los aspectos involucrados y generarse la certeza y evidencia de que    se tiene una política del Estado. Solo si se genera una real política del Estado de “formalización” se podrá duplicar la tasa hasta el 2025; es decir, pasar al 60% de formalización laboral, que fue una propuesta del actual partido de gobierno pretendida hasta el 2021, pero muy difícil al bicentenario.

Decir que no se puede lograr al Bicentenario no solo es una apreciación, sino que se sostiene en información económica que da cuenta de que dicho objetivo —es decir, una tasa de formalización laboral entre 60% y 70%— se podrá alcanzar al 2025. En primer lugar, acaba de publicarse, por parte del BCR, el pronóstico de crecimiento para el presente año, que será de 2.8%; pero para absorber al mercado laboral, a la masa de jóvenes que se incorpora cada año (aproximadamente 300,000), se requiere crecer al 4%.

Hace un par de semanas El Comercio publicó que el empleo formal en el último año se incrementó en 128,000 puestos de trabajo; pero más del 50% de los mismos fue aportado por el Estado, cuando el ratio de generación de empleos debe ser 70% privado y 30% Estado. Esta situación evidencia un problema grave que tomará no menos de dos años para superarse, que será ya la mitad periodo de la actual gestión.

Adicionalmente, según Peñaranda un punto porcentual del crecimiento puede crear empleo para el 0.5 puntos porcentuales de la PEA. En la medida que la PEA crece a razón de 2.5% al año, entonces se requiere de un crecimiento no menor al 4% para absorber a toda la PEA, pero se requiere de un crecimiento mayor para incorporar a una masa laboral que actualmente ya fue absorbida en la informalidad.

Con el compromiso de en una próxima entrega plantear una propuesta de política para enfrentar la informalidad, consideramos que dicha política debe partir de un enfoque con una profundidad similar a los que se han generado e implementado por parte del Estado con relación a los programas sociales, con medición de resultados. Pero consideramos que la política de formalización otorgará mejores réditos de rentabilidad social y económica.

Úrsula Letona

Fotografía: Perú21