El camino al infierno y las buenas intenciones

Radiografía de la actual reforma universitaria

Desde hace algunas semanas se viene discutiendo enérgicamente si la Ley Universitaria es una buena iniciativa o no. Antes que nada, es necesario tener en cuenta que lo que se pretende lograr con esta ley es mejorar la calidad de la educación que brindan las instituciones universitarias. Esto se debe a que desde el año 1997 al 2012 se crearon 82 universidades y, en los últimos 10 años, a pesar de haber crecido 5.6% en promedio anualmente, el subempleo aumentó en 11%. Por ello, parece válido pensar que la proliferación de universidades ofrece educación de mala calidad, genera un grave perjuicio a los jóvenes con menos recursos. He aquí el génesis de la norma.

En el Perú se suele juzgar una política por sus intenciones, en lugar de hacerlo por sus resultados y- lamentablemente- el camino al infierno esta pavimentado de buenas intenciones y, este caso, no es la excepción. Entonces, ¿qué hay de malo con esta norma? En línea con lo que señala Mario Zúñiga, Director de Contribuyentes por Respeto, hay cuatro problemas con la Ley Universitaria.  

En primer lugar, la SUNEDU tiene plena facultad para tomar decisiones totalmente arbitrarias. Por ejemplo, podría determinar cuántas universidades son “convenientes”.  En segundo lugar, este supervisor tiene la facultad de interferir en el gobierno, o gestión interna, de las universidades. Esto no tiene ningún sentido económico, al menos desde la perspectiva de las universidades privadas, puesto que no es competencia del Estado intervenir en el manejo de ningún negocio (sí, las universidades privadas son un negocio).

En tercer lugar, se incrementan los requerirnos para poder ser un docente universitario. Bajo la actual normativa se exige que los profesores que enseñen en pre grado cuenten con una maestría o doctorado de al menos 48 créditos. Esto excluye automáticamente a aquellos posibles docentes que, habiendo estudiado algún postgrado en prestigiosas universidades- como Harvard o Yale-, no cumplan con los créditos necesarios. Por último, se impone un límite de edad de 70 años para la docencia universitaria. Bajo este parámetro, por ejemplo, sería imposible poder recibir una clase de economía de Hernando de Soto o una de literatura de Mario Vargas Llosa, lo cual es realmente absurdo.

Entonces, entendiendo que esta ley está mal diseñada, ¿qué otras iniciativas se podrían aplicar para mejorar la calidad de educación superior que reciben los jóvenes peruanos? Opciones abundan. Muestra de ello son las iniciativas que están llevando acabo los países europeos, los cuales han generado una serie de incentivos para involucrar al sector privado en educación la fuerza laboral. Por ejemplo, el Estado de Austria permite que las empresas deduzcan los gastos de educación equivalentes a máximo el 6% de los gastos totales del ejercicio en curso. Esta medida tuvo una gran acogida, puesto que solo el primer año de funcionamiento el 2.5% de la fuerza laboral empezó un programa de capacitación costeado algún empleador. }

Por esta razón, considero que sería ideal que nuestros políticos eviten dejar llevarse estrictamente por las buenas intenciones y empiecen a analizar de manera concienzuda el posible impacto de sus propuestas.

Por Juan José García