Ejecución presupuestal por la equidad: el gran reto

Otorgar mayores recursos a aquellos que más lo necesiten

Cada año se sustenta el presupuesto anual ante el Congreso de la República, explicando, básicamente, el monto y la asignación a las diferentes instituciones públicas, supuestamente de acuerdo a las necesidades y prioridades que establece el Gobierno. Y también con un mínimo de planificación, que implica aspectos en los que se desea avanzar en sectores como salud, seguridad ciudadana, educación, etc.

Hemos destinado millones de soles a diferentes actividades y programas, con incrementos significativos en los últimos años, pero con impactos y resultados imperceptibles o mínimos. Por lo tanto, los destinatarios o beneficiarios de la ejecución del presupuesto no los aprecian como mecanismo de desarrollo y progreso.

Lamentablemente la planificación de los servicios básicos ha dependido históricamente del funcionario de turno. Esto origina que las acciones que se ejecutan varíen constantemente, sin responder a un plan único de alcance nacional que permita una medición de resultados, con fases de corrección o perfeccionamiento de las políticas públicas de largo alcance. En especial en la prestación de servicios básicos, que evidencian significativas deficiencias.

El último jueves, en el pleno del Congreso, se presentó el presidente del Consejo de Ministros, Sr. Fernando Zavala, quien anunció avances —a su criterio— en la distribución cada vez menos centralista del presupuesto público. Dejó frases totalmente loables como “lograr que los más pobres reciban educación de calidad”; pero que carecen de contenido si no se conocen qué acciones se han planificado para lograr ese fin, de largo alcance, en el mediano largo plazo.

La lógica de la justicia social, que debe procurar el Estado, nos llevaría a idear que se debe empezar por identificar los distritos donde no hay escuelas aún, los distritos donde los índices de analfabetismo son altos, o incluso aquellos que, contando con escuelas, alcanzaron los peores resultados en calidad educativa en las pruebas de medición. Es decir, empezar por aquellas zonas donde se evidencia un bajo nivel educativo, y generar políticas concretas medibles que permitan superar tal situación. Lamentablemente no vemos el horizonte que se requiere —considerando la grave situación de la educación— para superar los problemas relacionados con un servicio básico que tiene relación con el progreso y futuro de nuestra niñez y juventud.

Otro es el caso de la infraestructura vial, sea de conectividad o de desarrollo. El jueves último, atendimos —conjuntamente con la presidenta de la Comisión de Presupuesto y otros miembros de esa comisión— al alcalde de Quinjalca, a insistencia del congresista de la Región Amazonas. El alcalde nos pedía se considere en el presupuesto público la apertura de una trocha carrozable para conectar esta localidad con otras zonas; algo sumamente importante para los pueblos del interior, en especial de los más aislados, para conectarse con el desarrollo. Esto nos lleva nuevamente a la reflexión sobre la priorización en el presupuesto público de la ejecución de esta trocha con relación a la construcción de otras vías, que suponemos de similar envergadura.

Este ejemplo evidencia la necesidad de empezar con una evaluación de los distritos que no tienen vía alguna de conexión. Básicamente debiéramos partir no del pedido del congresista de Amazonas, de la voluntad del MEF o de la buena disposición de la Comisión de Presupuesto, sino de la necesidad de igualar las condiciones de desarrollo para todas las regiones del país. Y con una premisa básica: permitir que el 100% de los distritos del país tengan condiciones de conectividad que les permitan un mínimo de capacidad de desarrollo.

Lo que, en resumen, proponemos con estos ejemplos es que la asignación del presupuesto público se origine en la necesidad de igualar la cancha para todos los peruanos, que empecemos por los 50 o 100 distritos más pobres del país, según el índice de pobreza multidimensional que ya aplicamos. Que prioricemos el acceso al agua, el saneamiento, la salud, la educación, la lucha contra la anemia y la desnutrición; también las carreteras que conectan pueblos aún no conectados y que presenten alto potencial de desarrollo. Incorporar este tipo de premisas para la asignación del presupuesto público nos llevará realmente a generar impactos de alto contenido para el presupuesto, que cambiarán la percepción de los destinatarios, y dejará de lado el hecho de que el presupuesto responda a criterios políticos. Finalmente servirá para cerrar las brechas existentes, garantizando un cambio en las condiciones de calidad de vida y acceso a servicios básicos de las regiones más pobres, equiparán dolas con otras y minimizando tales diferencias.

Para ello es indispensable que el Gobierno de turno actúe como gestor público, y no simplemente como distribuidor del dinero del Estado. Que genere capacidades al interior del país, y que destaque técnicos y profesionales a estos distritos pobres para transferir capacidades y conocimiento para ejecutar bien los proyectos y programas, y para identificar los cuellos de botella y corregirlos. Es imprescindible que se establezcan indicadores, resultados que permitan otorgar mayores recursos a aquellos que ejecuten bien su presupuesto; pero entendido como gasto de calidad con impactos medibles.

Desde el Legislativo seguiremos fiscalizando la gestión pública, para que los diversos proyectos que se vienen ejecutando con la nueva plataforma de inversión pública cuenten con los elementos necesarios para cerrar las brechas que alejan a las regiones de nuestro país del desarrollo y a su gente de una vida digna. También para promover que la ejecución del presupuesto desde los ministerios y los gobiernos regionales y locales sea efectiva y eficiente, con objetivos claros y con una cultura de medición del avance y resultados. Asimismo, estamos en constante evaluación para la mejora del marco regulatorio de la inversión pública y privada, así como el del sistema nacional de control. La equidad exigida y requerida se sustenta en el presupuesto público. Hagámosla realidad.

Úrsula Letona