Democracia custodiada

Sobre el estado de emergencia para combatir la delincuencia

Hace algunos días el presidente Ollanta Humala declaró en estado de emergencia a la Provincia Constitucional del Callao, donde en lo que va del año se han producido más de 120 muertes por ajuste de cuentas. Según el Artículo 137 de la Constitución, con el estado de emergencia se puede restringir los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal y la inviolabilidad del domicilio para poder enfrentar a la delincuencia de manera rápida.  Tras la declaratoria, se dispuso el envío al Callao de 1500 efectivos policiales que han ejecutado varios operativos en los que se intervino a 17 mil personas, de las que 290 quedaron detenidas.

Los regímenes autoritarios hacen abuso de este tipo de medidas para implementar un mayor control social, por eso suelen ser muy cuestionadas. Las democracias modernas, por otro lado, regulan estas situaciones en sus constituciones y han sido establecidas como medidas extraordinarias. En los últimos años, en el país se han establecido las declaratorias de estado de emergencia en las diferentes regiones para enfrentar las protestas sociales. Hay que recordar que durante la dictadura militar de Morales Bermúdez (1975-1980) se vivió en todo el país  un año completo en estado de emergencia. Además, durante los años del conflicto armado hubo localidades que permanecieron en esa situación durante más de una década, como el alto Huallaga. Históricamente ha sido durante los estados de emergencia cuando han ocurrido muchas muertes de parte de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, este estado de emergencia, como respuesta a la criminalidad organizada, viene  mostrando efectividad, y ha sido saludado por la población con entusiasmo. En las consultas hechas por los reporteros de distintos medios se expresa la satisfacción de parte de la ciudadanía por la medida y mucha emotividad al exigir medidas más duras y restrictivas.  

Pero ¿está bien que la población acepte tan fácilmente y felicite este tipo de medidas? Creo que no, pero lo notorio es que existe un espíritu cultural autoritario enraizado en la mentalidad de sectores populares que, ante el caos, clama por orden y simpatiza con medidas agresivas e inmediatistas que guardan conexión con las tradiciones autoritarias de la oligarquía peruana.

Por la brutalidad de la delincuencia en las calles y al urgir de protección, arriesgando la vida a diario, la ciudadanía justifica la toma de decisiones radicales. Claro ejemplo es la campaña chapa tu choro, que había sido aceptada por la población. Esta permisividad percibida ha animado al Gobierno a emplear el estado de emergencia como política de gestión pública sobre seguridad ciudadana. Y ahí la preocupación, si animados por la imagen de una efectiva recuperación momentánea del orden público y la seguridad, la población dispone perder libertades por aumentar mayor seguridad y durante el proceso electoral que se avecina este tipo de medidas se vuelven populares y se convierten en promesas y propuestas por parte de los candidatos, haciendo con ello correr el riesgo de que nuestra democracia se convierta en una democracia custodiada o peor aún en una democracia sitiada.  Cabe mencionar que este tipo de medida solo ataca los productos del fenómeno y no sus orígenes. Por eso es preciso decir que eliminando a los delincuentes no se eliminará nunca a la delincuencia de una sociedad.

Por: Marco Sipán