Con mis hijos no te metas

No se le otorgaron facultades al Ejecutivo para inocular la ideología de género

El Estado existe para proteger a la comunidad sociopolítica. El fin del Estado es la preservación de la sociedad. La sociedad es anterior y superior al Estado. Cuando el Estado, por sus inercias estructurales o por infiltración ideológica, genera un entorno de hegemonía que debilita el tejido social, emerge el totalitarismo estatal, un totalitarismo que tiene como finalidad fomentar la estatolatría bajo el ropaje de la tolerancia.

La estatolatría coloca por encima de la sociedad al Estado. Y, llegado el caso, fuerza una situación legal, no legítima, en la que el Estado determina qué es bueno y qué es malo para la convivencia social. La estatolatría de nuestro tiempo ha generado dos tipos de estados modernos: el Estado relativista y el Estado políticamente correcto. El Estado relativista coloca en el mismo nivel cualquier afirmación: los principios que nacen de la realidad y las fórmulas creadas en los laboratorios de la progresía. El Estado políticamente correcto impone como superiores un conjunto de principios positivizados que se traducen en un amplio programa de ingeniería institucional. Ambos tipos de Estado aspiran a modelar una nueva mayoría electoral en la que, de manera artificial, lo que nació en el laboratorio del voluntarismo ideológico termina reemplazando al sentido común y a la realidad.

Eso es precisamente lo que el gobierno de PPK pretende infiltrar cuando introduce la ideología de género, un sucedáneo ideológico fruto del voluntarismo progresista, en el tejido legal e institucional de nuestro país. Todos estamos a favor de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en un marco de complementariedad. ¡Faltaba más! Pero la ideología de género no busca la igualdad de los sexos. Lo que la ideología de género quiere imponer es la desigualdad de los principios. Así, violentando la razón de la delegación de facultades otorgada por el Congreso, el gobierno de PPK mete de contrabando en el Estado la ideología de género mediante leyes y decretos legislativos que, en el colmo del totalitarismo, prevén sanciones penales (con pena de prisión) para todo aquel que no comparta la ingeniería social que pretende imponer el lobby LGTBIQ.

El Congreso ni puede ni debe pasar por alto el abuso de la delegación de las facultades. El gobierno debe ceñirse al encargo aprobado por el Congreso en el marco de la Constitución. Por eso, deben derogarse los artículos de las leyes y los decretos legislativos que, subrepticiamente, inoculan en el torrente de nuestra sociedad una ideología sin el menor asidero científico. Así, nuestro Congreso debe revisar el DL 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior (art. 5.2.4; 9.5); el DL 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú (art. VII.1; 2.5); el DL 1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos (art. 4.d); el DL 1323, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género (art. 46, 323); el DL 1325, Decreto Legislativo que declara en emergencia y dicta medidas para la reestructuración del sistema nacional penitenciario y el instituto nacional penitenciario (art. 3, numeral 3) y el DL 1348, Decreto Legislativo que aprueba el código de responsabilidad penal de adolescentes (Artículo XIII, 2.1, 16.1, 19.6, 44.2, 45.6, 161.1, 177.1.4, 183).

No se le otorgaron facultades delegadas al Ejecutivo para contravenir a la Constitución e inocular la ideología de género. Este es un tema demasiado importante para la sociedad. Por ello, el Congreso debe ejercer el control en nombre de la sociedad en la que recae toda soberanía.

Por Martín Santiváñez Vivanco