SBN: otro problema para el Gabinete Aráoz

La Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) ha continuado con todos los juicios en contra de los posesionarios y propietarios en los distritos de Talara, Lobitos, El Alto, Máncora, Punta Sal, Cancas y Zorritos —en Piura y Tumbes—, pese a que a miles de ciudadanos tienen la posesión de los pRedios por más de 20 años. Igualmente entre el 2003 y el 2017 —en las provincias de Ica, Palpa y parte de Nasca y Pisco— la SBN ha inscrito a su favor 228,328 hectáreas de más de 38 partidas registrales inscritas en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.

En todos estos casos se ha pasado por el encima de los derechos constitucionales de los posesionarios. Sin lugar a dudas que la SBN se ha proclamado Estado propietario contraviniendo la Carta Política de 1993, que establece el principio de supletoriedad del Estado en caso de la ausencia del sector privado en determinada actividad económica y que señala a la posesión como fuente directa de la propiedad. El libro V del Código Civil establece que luego de diez años de posesión de un determinado predio, el posesionario puede reclamar la propiedad plena mediante la institución de la prescripción adquisitiva.

Pero los reclamos de la SBN no solo violan la Constitución y el Código Civil, sino que la continuidad de los juicios de desalojo representa un acto de rebeldía evidente frente a la clara orden del ex ministro de Vivienda, Edmer Trujillo Mori, quien dispuso “la paralización inmediata de todas las acciones judiciales y administrativas que se venían promoviendo en las propiedades de la franja del litoral marítimo”. El ex titular de Vivienda, incluso, llegó a afirmar que “las acciones promovidas por el Gobierno anterior y ejecutadas por la SBN, bajo el argumento de la Ley de Playas y de la Ley de Imprescriptibilidad de los Bienes del Estado, han sido interpretadas sin un análisis concreto de la realidad y la existencia, en algunos casos durante años, de propietarios y posesionarios”.

Más claro no cantan los gallos. ¿Cómo entonces la SBN ha continuado con los miles de juicios contra humildes pobladores de las caletas norteñas, inversionistas hoteleros y ciudadanos en general? ¿Qué prerrogativas tiene la burocracia de la SBN para desobedecer una orden ministerial? La única explicación plausible sería que el nuevo titular del sector, Carlos Bruce, haya ordenado que se continúen con los procesos y reclamos de la SBN; algo que nos parece imposible, considerando los criterios con que suele manejarse el ministro Bruce.

Queda claro entonces que la burocracia de la SBN está causando un serio problema a la gestión de Bruce y al propio Gabinete Aráoz porque, de una u otra manera, el Ejecutivo acumula un nuevo conflicto social con los pobladores de las ciudades norteñas. Un conflicto que podría sumarse al descontento general con los retrasos en la rehabilitación y la reconstrucción del norte.

Pero las preguntas también deben ser planteadas a la mayoría legislativa. ¿Por qué hasta hoy no se derogan las normas que establecen la imprescriptibilidad de las acciones del Estado? ¿Cómo puede funcionar el derecho de posesión como fuente primera de la propiedad si los eventuales reclamos del Estado no prescriben? ¿Por qué las acciones de los privados no prescriben y sí las del Estado? ¿Estado propietario por encima de los derechos individuales de propiedad?

Uno de los grandes problemas para el Ejecutivo es que se ha detectado que muchas de las tierras que registradas por la SBN luego han sido comercializadas a terceros. En otras palabras, se despoja de un derecho a legítimos posesionarios por más de una década —amparados por la Constitución y la legislación civil— y después se transfieren a terceros. De una u otra manera, estamos ante la punta de un iceberg que sorprenderá a todos.