Este domingo 7 de junio todos los peruanos de buena voluntad, todos lo...
En uno de los mítines de cierre de campaña en Puno, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú y del radicalismo extremista, anunció que promoverá una comisión investigadora en el Congreso para identificar a los políticos, los soldados y los policías que defendieron la Constitución y el Estado de derecho frente a la violencia insurreccional que se desató luego del golpe de Pedro Castillo. En otras palabras, por defender la Constitución y salvar al Perú de la constituyente, Sánchez prometió persecución judicial eterna contra nuestros soldados.
Algo más. Derramando un radicalismo extremista, de corte maoísta, arengó en el mitin con un estribillo antiguo del comunismo senderista: ¡La sangre derramada, jamás será olvidada! De esta manera Sánchez cumplía con los acuerdos asumidos días atrás con organizaciones de filiación maoísta, vinculadas a Sendero Luminoso.
Algunos sectores suelen dudar del radicalismo de la coalición que representa Roberto Sánchez, el candidato de Juntos por el Perú; sobre todo luego de la operación de maquillaje que se perpetró en la segunda vuelta, con el reencarpetamiento del programa de nacionalizaciones y expropiaciones de la primera ronda y la veda pública de Antauro Humala y el Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales (Movadef), movimiento de filiación maoísta y vinculado a Sendero Luminoso.
Sin embargo, el diario Perú 21 acaba de informar de un acuerdo entre Sánchez y la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana (Fenatep), brazo magisterial del maoísmo senderista, en el que se compromete a implementar una “asamblea popular constituyente para la formulación de una nueva constitución”. E igualmente, Sánchez se comprometió a lograr la “libertad de Pedro Castillo y demás luchadores populares, privados de su libertad”. Además, se exige “el cese a los llamados juicios penales”.
Con respecto a la violencia insurreccional que se desató luego del golpe fallido de Pedro Castillo, que dejó un saldo lamentable de 50 peruanos muertos, se exige castigo ejemplar a “los culpables políticos y directos de esa masacre popular”. En otras palabras, todos los funcionarios civiles de las instituciones del Estado de derecho y los soldados y policías que detuvieron el golpe fallido de Castillo, que pretendía instalar una asamblea constituyente deben ser perseguidos judicialmente hasta el final de sus días, tal como lo hicieron supuestas oenegés de Derechos Humanos con los militares y policías que nos salvaron del terrorismo comunista en los ochenta.
El documento en que Sánchez se allana a todas las tesis del maoísmo del Fenatep fue suscrito el pasado 12 de mayo. Es decir, unos días antes del maquillaje que se organizó para esconder el programa primigenio de nacionalizaciones y expropiaciones, ocultar a Antauro Humala y los representantes del Movadef en el Congreso. En esta operación cosmética, incluso, Sánchez declaró su fe religiosa y levantó unos ojos fervorosos al cielo.
Sin embargo, a estas alturas, se puede sostener que toda la operación de maquillaje ha fracasado. En realidad, Sánchez y Juntos por el Perú se han distanciado de los indecisos del electorado, y la sensación de desprecio del candidato radical por el elector, por el ciudadano, se generaliza.
Al margen de cualquier especulación sobre las tendencias electorales una de las cosas que aterra, que deja estupefacto, es el nivel del radicalismo extremista de Sánchez y el Movadef. El acuerdo con El Fenatep pone a Sánchez y Juntos por el Perú del lado del maoísmo vinculado a Sendero Luminoso, y los objetivos de esta alianza pasan por agravar la judicialización de nuestros soldados y policías. En la actualidad existen alrededor de 300 militares y policías, algunos con prisión preventiva, judicializados por haber ejercido la fuerza constitucional ante una insurrección en la que se pretendió quemar todos los aeropuertos del sur, mientras se bloqueaban las principales carreteras del Perú para desabastecer a las ciudades y quebrar el PBI nacional.
El objetivo de esta violencia nacional era uno solo: quebrar la moral nacional e imponer la asamblea constituyente como una supuesta “salida de paz”. Sin embargo, nuestros soldados y policías nos salvaron de la asamblea constituyente y del camino de Venezuela, y hoy están perseguidos sin que la sociedad los defienda.
El senderismo pretende profundizar el castigo comunista contra sus principales adversarios en un eventual gobierno de Sánchez. En otras palabras, enfrente de todos los peruanos de buena voluntad nos están diciendo que se viene un gobierno soviético, a pesar de todas las operaciones cosméticas en el tocador.
















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