¡Los Apus impiden limpiar derrame de crudo!

Los dirigentes de la federación ORPISEM —que agrupa a las comunidades nativas de Chapis, Nueva Alegría, Ajachun, Capernaun y El Banco, de la región Loreto— han dado a conocer su nueva posición frente al derrame de petróleo ocurrido el pasado 7 de noviembre en el kilómetro 221.5 del Oleoducto Ramal Norte (ORN), cerca a la comunidad de Chapi. Ahora desconocen los acuerdos tomados en la reunión multisectorial —conformada por representantes del Poder Ejecutivo, de Petroperú y de las comunidades nativas— del pasado 23 de noviembre, en la que se decidió que personal especializado de la empresa ingrese al lugar del derrame de petróleo para reparar el ducto y limpiar el crudo, para así evitar que siga expandiéndose y alcance los ríos de la zona. Igualmente se acordó abrir una mesa de diálogo a partir del 1 de diciembre para atender los pedidos de las comunidades.

Resulta que ahora, luego de haberse instalado la Mesa de Diálogo Intercultural —con la asistencia de representantes del Poder Ejecutivo, Petroperú y el subprefecto del Datem del Marañón— los dirigentes de las comunidades nativas se niegan a permitir que personal técnico de la compañía siga haciendo los trabajos de limpieza de las áreas contaminadas por el derrame, que ya se había acordado realizar el día 23 de noviembre último. Mediante un comunicado, los dirigentes de la federación ORPISEM piden que se instale una nueva mesa de diálogo y “exigen” la presencia de la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín; el presidente de Petroperú, Luis Eduardo García Rosell; y el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. En el comunicado se alega la poca capacidad de los funcionarios que estuvieron dialogando con los representantes de las comunidades, y se sostiene que estos últimos “quieren imponer ideologías occidentalistas” y que Petroperú “persiste en poner el riesgo la salud de la población y el ambiente al imponer el pago del jornal S/ 60 diarios”.

Según sabemos, no es la primera vez que los dirigentes actúan de esta manera, poniendo en grave peligro la salud de los pobladores de las comunidades nativas y del medioambiente de la zona afectada por el derrame. Exigen otra evaluación del impacto ambiental provocado por el siniestro y el pago de S/ 250 diarios para los nativos que participan en los trabajos de remediación. Sabemos además que algunos de esos dirigentes —que se han apropiado de los cargos en las comunidades— ni son del lugar ni viven allí. Que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las empresas que operan en los lugares denominados “indígenas”. Dirigentes que, en lugar de resolver inmediatamente la situación crítica que se presenta, buscan cómo obtener provecho económico personal negociando una supuesta “estabilidad social” a cambio de dinero; una práctica que lamentablemente ya es común y normal en lugares y en situaciones como la ocurrida en Chapi. En comunidades nativas en donde la presencia del Estado no existe y donde toda actividad gira alrededor de la voluntad de los “dirigentes” y de los Apus.

No es novedad que el radicalismo extremista antisistema —que se opone a la inversión y que actúa en distintos lugares del país con total desparpajo— utiliza el fracaso el Estado inventando conflictos para promover caos y desconcierto con el fin de detener la economía. Y como el caso de Chapis, para victimizarse por una contaminación que pudo aliviarse hace rato.