¡La meritocracia unió a la clase política!

Una política de Estado que restableció el principio de autoridad

Quizá muchos todavía no sean conscientes de lo que se estaba jugando, hasta unos días atrás, con el desarrollo de la huelga magisterial. No solo se trataba de un pliego sindical por aumentos de sueldos y que cuestionaba la meritocracia en la escuela pública como política de Estado, sino que detrás había una estrategia integral del radicalismo estatista.

¿En qué consistía esta estrategia? Sobre la base de los yerros del Ejecutivo se buscaba deslegitimizar ante la ciudadanía al propio Ejecutivo, al Congreso, a la Fiscalía, al Poder Judicial y a todas las instituciones tutelares de la democracia, para trasladar el poder decisión de las instituciones a la turba, a la marcha callejera. Por esa razón la dirigencia radical se negó a firmar cualquier acta de acuerdo con el Ministerio de Educación (Minedu).

Para simplificar las cosas, la estrategia pasaba por “bolivianizar” el país (al estilo de la estrategia insurreccional de masas de Evo Morales). De allí que, luego de agotadas las instancias de negociación, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) saliera a respaldar en las calles a las dirigencias radicales; de allí que la huelga en el Cusco empezara bloqueando el Corredor del Minero del Sur —en el que se produce el 60% del cobre del país— y se paralizarán todas las actividades económicas y turísticas de la región, de allí que otro objetivo de estas protestas fuera el de comenzar a organizar “las rondas campesinas en el sur” con objeto de perfeccionar la estrategia antiminera.

Considerando que tenemos el Ejecutivo más débil de la reciente historia y que suma la mayor cantidad de errores políticos, ¿cómo es posible que hoy la huelga del radicalismo magisterial comience a desorganizarse mientras crece la furia de los padres de familia ante la posibilidad de que los niños pierdan el año escolar?

La respuesta reside en lo siguiente: el Ejecutivo hizo monumentos a la antipolítica, pero en las negociaciones no retrocedió en la política estatal promeritocracia. Un sector de congresistas liderados por Jorge del Castillo sumó iniciativas y errores, pero no aceptó cuestionamientos a la meritocracia. La mayoría legislativa desarrolló su propio juego, sumó yerros inaceptables, sin embargo tampoco retrocedió en la reforma promeritocrática. De pronto, las instituciones del Estado cerraban filas detrás de una política estatal a favor de la meritocracia en la escuela pública, y comenzó a restablecerse el principio de autoridad que había sido quebrado por el propio gobierno.

En ese momento el Ejecutivo y los gobiernos regionales tuvieron la suficiente autoridad para proceder a los descuentos y a buscar los reemplazos a los docentes que persistieran en la paralización. Poco a poco la irritación de los padres de familia irá sumando una masa crítica que posibilitará derrotar la estrategia radical en todas las líneas y pisar el acelerador de la reforma meritocrática de la escuela pública; claro está, superando los errores del nacionalismo y de la gestión Saavedra, que abandonaron peligrosamente una política estatal que hoy le pertenece a todos los peruanos.

Sin embargo de la señalada experiencia queda una valiosa reflexión para el sistema democrático: el enorme poder, la enorme autoridad, que puede tener una política de Estado en la democracia, no obstante los errores del Ejecutivo y el Legislativo. En las sociedades abiertas la política es la energía que moviliza y conecta a todas las instituciones; pero una política de Estado no solo vincula a las entidades democráticas, sino que le otorga una identidad y una conducta de acción.

La pregunta que surge, entonces, es, ¿por qué no podemos tener más políticas de Estado que unifiquen a la clase política? Por ejemplo, la legislación laboral es una verdadera cordillera que impide que más del 75% de la fuerza laboral se formalice. Todos sabemos que nuestras leyes laborales están entre las diez más sobrerreguladas y costosas del planeta; todos los movimientos, el oficialismo y la oposición (excepto el Frente Amplio), entienden que se debe avanzar en una reforma desregulatoria, sin embargo la mano tiembla ante una marcha radical en contra de cualquier reforma laboral.

Bueno, pues, la unidad de la clase política alrededor de una política de Estado promeritocracia en la escuela pública está derrotando una de las movilizaciones magisteriales más intensas de los últimos años. ¿Por qué entonces no se puede avanzar en la reforma laboral y otras políticas de Estado que agreguen competitividad a la economía y la sociedad?