¡Evitar conflicto con la minería informal!

Una de las responsabilidades del nuevo Gabinete Aráoz

El próximo 25 de setiembre los diversos gremios de mineros artesanales se reunirán para evaluar la conducta que asumirán frente a la política de formalización minera del Ejecutivo. En este contexto, en el Gobierno debería existir conciencia sobre la necesidad de desactivar un potencial conflicto con los mineros artesanales, sobre todo considerando la alta conflictividad que hubo durante los gobiernos de Humala y de García.

El humor de los mineros informales es de un descontento generalizado, luego de que el pasado 1 de agosto venciera el plazo para acogerse al proceso de formalización sin que el Ejecutivo haya formulado una propuesta alternativa. De un total de 400,000 mineros artesanales solo alrededor de 70,000 están participando en el proceso de formalización. ¿Cuál es la situación de 330,000 mineros informales? Es la pregunta clave.

De otro lado, el Congreso derogó la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo 1336 —promulgado al amparo de la delegación de facultades— que prohibía a los pequeños mineros comprar la producción de terceros. La medida apuntaba en contra de las plantas de beneficio que compran la producción de los mineros artesanales. Las más de cien pequeñas plantas de beneficio formales e informales del país procesan 2,500 toneladas de mineral por día para extraer oro, en tanto que una gran empresa minera procesa más de 540,000 toneladas diariamente.

Luego de la derogatoria de la sexta disposición transitoria del D.L. 1336, sorprendentemente, el Ejecutivo no promulgó la mencionada medida legislativa. El Congreso lo hizo y se creó un innecesario distanciamiento con los mineros informales.

Asimismo el reglamento del DL 1336 señala que para formalizarse el minero artesanal debe acreditar cinco años de facturas y boletas, libros contables y declaraciones anuales consolidadas ante el Ministerio de Energía y Minas. Es decir, se le exige al minero informal que sea formal. Un verdadero absurdo que dinamita cualquier política de formalización.

Igualmente en el Decreto Legislativo 1244 promulgado por el Ejecutivo —también como parte de la delegación de facultades legislativas— se establece que los delitos de “minería ilegal” forman parte de los delitos de crimen organizado. En la medida que en el Decreto Legislativo 1105 —promulgado por el nacionalismo—, se considera ilegal al productor artesanal que carece de papeles y de los requisitos técnicos, sociales, ambientales y administrativos para ejercer la industria, es evidente que todos los mineros informales podrían ser acusados de crimen organizado.

Si a estos hechos le sumamos que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) priorizan las sanciones, multas y embargos sobre una política de formalización en la relación con los mineros informales, se puede sostener que el asunto entre los productores artesanales y el Gobierno está color de hormiga.

Siempre vale recordar y analizar los conflictos sociales de carácter nacional que se desataron durante los gobiernos de García y Humala con los mineros informales, por ausencia de una real política de formalización. Y siempre vale considerar que el masivo sector de mineros artesanales —que por su naturaleza es promercado y proempresa— podría terminar bajo las influencias de las propuesta antisistema, precisamente, por la tozudez de algunos sectores de la élite que no logran entender que la economía de mercado y los derechos de empresa solo tienen de razón ser si incluyen a todos.