En defensa del uso constitucional y legítimo de la fuerza pública

El Poder Judicial acaba de condenar a 12 años de prisión a Luis Manuel Delgado de la Paz (81), Danilo González Campana (79) y Manuel Juan Dill’erva Chávez (79) –oficiales retirados del Ejército– por hechos acaecidos 35 años atrás y que, de acuerdo a nuestra legislación penal, han prescrito hace muchos años. Igualmente, el fallo ordena una reparación civil solidaria y la obligación de firmar mensualmente en el juzgado. Una carga inaceptable para ancianos, muchos de ellos en situación de postración.

El fallo inaplica las recientes leyes aprobadas en el Congreso con respecto a los delitos de lesa humanidad y la amnistía que se otorgó a los soldados que lucharon en contra del terrorismo comunista. Como todos sabemos el Legislativo aprobó una ley –siguiendo nuestro ordenamiento constitucional y los tratados internacionales– que establece que los delitos de lesa humanidad se incorporaron a nuestro ordenamiento penal en el 2002, cuando el Perú firmó el Tratado de Roma. Y por lo tanto, se estableció con claridad que los delitos imputados en la lucha contra el terrorismo de los años ochenta –que no tienen sentencia– han prescrito por los plazos establecidos en el Código Penal. Asimismo, se aprobó una ley que establecía una amnistía para los oficiales procesados sin sentencia siguiendo el razonamiento de la norma mencionada previamente.

Algunos sectores del Poder Judicial han decidido inaplicar estas normas invocando el control constitucional difuso de las leyes. Sin embargo, a todas luces es evidente que detrás está la influencia del progresismo, que plantea el pretexto de la defensa de los Derechos Humanos con el objeto de bloquear, de neutralizar la acción de las fuerzas de seguridad. Si los oficiales que nos salvaron del terrorismo comunista son perseguidos, procesados y judicializados de por vida -es decir, hasta la muerte-, ¿cómo podemos demandar al Estado que se contenga la ola criminal? Imposible.

Algo parecido está sucediendo con la cruenta judicialización de alrededor de 200 militares y policías que salvaron el Estado de derecho de la violencia insurreccional luego del golpe fallido de Pedro Castillo. En ese entonces milicias de la izquierda radical pretendieron quemar todos los aeropuertos del sur y bloquear las principales carreteras nacionales con el objeto de quebrar la economía y la moral nacionales. El objetivo: convocar una constituyente. Gracias a la acción de las fuerzas de seguridad no se logró ese objetivo; sin embargo, hubo la lamentable y trágica muerte de 60 peruanos. Es evidente que los principales responsables de esta desgracia son los sectores que promovieron la insurrección y el ataque a las fuerzas de seguridad.

Hoy 200 militares y policías están judicializados -seguro de por vida- y, algunos de ellos, incluso, padecen prisión preventiva. ¿Cómo se puede demandar que se cumpla la Constitución y la ley si las fuerzas de seguridad permanecen aterradas ante la estrategia del progresismo?

La defensa del uso legítimo de la fuerza pública, del uso constitucional del poder coercitivo del Estado, no solo debe estar bajo los hombros de algunos sectores de la centro derecha, no solo debe representar el esfuerzo casi solitario del congresista Fernando Rospigliosi, sino de todos los peruanos de buena voluntad, de todas las asociaciones y gremios empresariales que pretende construir una sociedad viable en la sociedad.

El único sistema político en que se defienden los Derechos Humanos es el Estado de derecho y los soldados y policías en el Perú son judicializados, precisamente, por defender ese sistema constitucional. Increíble.

El avance de la minería ilegal acaso no tiene que ver con la neutralización de las fuerzas de seguridad, la derogatoria de una de las mejores leyes económicas de la República –la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360)–, ¿acaso no tuvo que ver con la violencia y el quiebre del Estado de derecho? ¿Por qué entonces los gremios empresariales no empiezan una feroz campaña de difusión y de pedagogía en defensa del uso constitucional y legítimo de la fuerza pública, una de las claves de la libertad en cualquier sociedad?