El Congreso de la República aprobó la moción de c...
Algunos constitucionalistas y opinólogos suelen sostener, un poco apurados por las circunstancias, que el Perú, en la práctica, se ha convertido en un sistema parlamentarista, ignorando 200 años de historia constitucional –más allá de los fracasos, es nuestra historia– y la trayectoria de 12 textos constitucionales. Sin embargo, existe una verdad incuestionable: cuando fracasa la política no hay sistema presidencialista, parlamentaristas o modelo híbrido que resista. De allí que la historia constitucional del mundo se divida en suma de fracasos y de éxitos con respecto al presidencialismo y el parlamentarismo. En Estados Unidos triunfa el presidencialismo y en el Reino Unido el parlamentarismo porque la política sigue cumpliendo sus funciones. Nada más.
En el Perú el fracaso de la política ha convertido en puré, como se suele decir, el sistema presidencialista y el parlamentarista. Si en un periodo en que debe haber dos jefes de Estado existen siete, la primera magistratura de la República, que concentra las mayores potestades y tiene el mando constitucional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), no existe. Es una formalidad. Se ha creado un vacío de poder en el Estado de derecho del cual deviene la anarquía institucional y política y la explicación de la ola criminal que afecta a toda la sociedad.
En este contexto, el Congreso, el otro poder que emana de la soberanía del pueblo (sufragio de la ciudadanía) está obligado a llenar ese vacío. Pero no lo hace. El Legislativo, luego de asumir decisiones que ya forman parte de la historia nacional –detener el golpe de Pedro Castillo y elegir a los miembros de instituciones claves del Estado de derecho– solo se ha dedicado a desarrollar una agenda populista que comienza a convertirse en una amenaza a la gobernabilidad.
Recientemente el Consejo Fiscal acaba de alertar que entre el 2021 y el 2025 el poder Legislativo ha aprobado más de 100 normas que representan alrededor de S/ 36,000 millones para el fisco. Asimismo, advirtió que existen más de 352 proyectos de leyes en el Legislativo que incrementan el gasto fiscal y algunas de ellas sumarían S/ 25,000 millones. Según el Consejo Fiscal entre el 2026 y el 2021 se han aprobado normas que incrementan el gasto y la reducción de ingresos fiscales en más de tres veces con respecto a todo lo aprobado en los últimos 15 años.
¿Qué significa? Que, en medio de la fragmentación política, en medio de la falta de tradiciones políticas y la visión de un proyecto nacional, las bancadas y congresistas se han lanzado a tontas y locas buscando la reelección legislativa. En ese camino, la tendencia a la aventura los lleva a buscar congraciarse con la provincia, el distrito y las economías ilegales. Algunas bancadas y congresistas se han convertido en voceros plenos de la minería ilegal en el Perú.
El gobierno del presidente Jerí, entonces, si pretende liderar una política de Estado en contra de la ola criminal –a través del Comité de Coordinación Operativa Unificada que integra a la PNP, Ministerio Público, el Poder Judicial y los municipios– también tiene que restablecer el control entre los poderes y comunicarle al Congreso de la República que los parlamentarios, según la Constitución, no tienen iniciativa de gasto. En ese sentido, debe observar todos los proyectos de ley que amplían irresponsablemente el gasto fiscal.
Asimismo, tiene que desarrollar una labor pedagógica ante la sociedad y las instituciones del Estado de derecho –sobre todo ante el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial– acerca de que no se puede crear gasto fiscal al margen de los presupuestos de la República. Y por lo tanto, no se puede legitimar la infracción constitucional de los congresistas que crean gasto estatal mediante proyectos y leyes que son legitimados por la justicia constitucional y jurisdiccional.
En cualquier caso, Ernesto Álvarez Miranda, actual presidente del Consejo de Ministros (PCM), también fue presidente del Tribunal Constitucional y, como se dice en los refranes populares, está pintado para ejercer esa función política y pedagógica en defensa del régimen económico de la Constitución.
El Ejecutivo, pues, debe pasar a observar las normas irresponsables en el tema fiscal y desarrollar una intensa campaña en defensa del modelo económico de la Constitución que es quebrado por el populismo parlamentario.
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