Cabecera de cuenca: La larga lucha que se avecina

A las 265 normas y reglamentos que deben cumplir los inversionistas en minería para obtener una licencia de operaciones hay que sumarle ahora la larga batalla que deberán enfrentar contra la Ley 30640, Ley de Recursos Hídricos, que trata a las llamadas “cabeceras de cuencas” como zonas vulnerables porque —según la ley— es allí “donde se originan los cursos de agua de una red hidrográfica”.

Si la ley persiste no habrá cómo evitar que tal idea, sin sustento científico alguno, sirva como un instrumento para detener los proyectos extractivos en camino, ahora que la minería se encuentra en su mejor momento. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, de enero a agosto la producción de cobre alcanzó las 1.59 millones de Toneladas Métricas Finas (TMF), un incremento del 4.24%. Y según proyecciones del BCR, la producción de cobre llegará a fin de año a 2.40 millones de TMF, con un alza constante que llegará al año 2021 a 3.1 millones de TMF. No se entiende, entonces, el despropósito cometido por la mayoría parlamentaria y el Ejecutivo.

Con la ley publicada, tanto el partido de gobierno como el de la mayoría parlamentaria, dejan constancia de una indefinición política, sin un rumbo claro que defina la estabilidad económica y social del país, sin sentar las bases del país que tienen en mente. La iniciativa legislativa, propuesta por el congresista Marco Arana y secundada por la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular, es un despropósito que va en contra del dinamismo que la minería genera en la economía. Y llama aún más la atención que el Ejecutivo refrendará dicha ley sabiendo que la opinión de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio del Ambiente, eran desfavorables antes del dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.

No se entiende por qué una ley de esta naturaleza haya sido aprobada, conociendo que Fuerza Popular se ha comportado políticamente como un muro frente al chavismo. ¿Cómo actuará Fuerza Popular si mañana se bloquean calles y carreteras reclamando que se cumpla la ley, ante decisión de un funcionario público que, alegando que sobre los 3,000 msnm no puede haber ninguna actividad extractiva, admite que una determinada zona es intangible y, por tanto, “no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua”?

La polaridad entre el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria no le hace nada bien al país. Enfrentamientos estériles e inútiles distraen la atención y dejan a un lado lo sustantivo de la política. Esta Ley 30640 se suma a la prohibición de la importación de leche en polvo, que es otro claro atentado contra el libre mercado y contra los tratados de libre comercio. ¿Cómo es que Fuerza Popular y el Ejecutivo, en lugar de enfocar sus esfuerzos en las urgentes reformas y las leyes que el país necesita para salir de la inercia económica, ha cometido tal despropósito? Una ley así no es otra cosa que el instrumento que la izquierda radical y los ambientalistas ideológicos necesitan para detener —por la vía de la legalidad— el progreso de los poblados más alejados, alentando la violencia y el malestar social.

Fernando Cillóniz, gobernador de la región Ica, elegido por Fuerza Popular, sostiene con la autoridad de un hombre formado en el campo que el “el ciclo del agua es integral y continuo, que es un elemento que proviene de las lluvias”.