Un poco de estabilidad y el Perú vuelve a caminar

Es incuestionable que la propuesta del progresismo de producir una nueva vacancia presidencial era absolutamente contraria a los intereses de mantener el Estado de derecho y la institucionalidad. Era la estrategia de un sector político desesperado por perder el control institucional del país ante la continuidad del sistema institucional. Felizmente, las mayorías nacionales, la sociedad, el Congreso y las instituciones no respaldaron esta propuesta que nos hubiese empujado al abismo.

En la medida que el Perú se encamina hacia una nueva transición institucional del poder en el 2026, en la medida que las instituciones permanecen y no se han modificado las vigas maestras del modelo económico de tres décadas atrás, la economía nacional vuelve a crecer y las proyecciones indican que la expansión del PBI en el 2025 superará el 3%. y los más optimistas señalan que se podría llegar al 4%. 

Si bien estos niveles de crecimiento no permiten reducir la pobreza, que afecta a casi un tercio de la población peruana, sí superan el promedio proyectado para la región, que se ubica entre el 2.2% y el 2.5%. El Perú, pues, está significativamente mejor que todos los demás países de la región gracias a la estabilidad política y la decisión de preservar el modelo económico.

Según cifras del BCR la inversión privada creció 9% en el segundo trimestre de este año, el mayor crecimiento en los últimos cuatro años. Para entender la magnitud de las cosas vale señalar que la inversión privada representa el 80% de la inversión total del país, explica el 80% de los ingresos fiscales y genera el 80% del empleo a través de los mercados informales. Por otro lado, según el propio BCR, la demanda interna –en el mismo periodo– tuvo un incremento de 6.2%, acumulando tres trimestres de crecimiento con esos niveles.

La economía, pues, se mueve no obstante la crisis política endémica; a pesar de la ola criminal que afecta a todos los sectores de la sociedad (sectores altos y bajos) y no obstante también la emergencia de un Estado burocrático que, con sus ministerios, oficinas y sobrerregulaciones, se ha convertido en el peor enemigo de la sociedad peruana y la inversión privada. Y se mueve para destacar significativamente en la región.

Ahora bien, ¿qué sucedería si el Perú en las elecciones del 2026 eligiera un jefe de Estado, un Congreso y, sobre todo un Senado, con sentido común y criterios de responsabilidad? Es incuestionable que el despegue de la economía y la sociedad se desarrollaría a más velocidad.

Sin embargo, ¿qué sucedería si luego del 2026 el país desarrolla reformas estructurales que incrementen la productividad y la competitividad de la economía y la sociedad? Es decir, si se reforma el Estado mediante el fin del Estado burocrático y sus sobrerregulaciones, si se desarrolla una reforma tributaria que simplifique el sistema y reduzca tasas, así como una reforma laboral que establezca la flexibilidad en los contratos de trabajo para formalizar el empleo; si se desarrolla una reforma educativa y del sistema de salud para crear un capital humano innovador y se solucionan todos los déficits de infraestructura. 

La respuesta parece obvia: el Perú se encaminaría hacia el desarrollo, empezaría su camino a transformarse en una potencia mundial.

El país comienza a salir de una de las experiencias más devastadoras que experimenta cualquier sociedad: elegir al peor candidato al menos preparado de los candidatos presidenciales. Todas las sociedades que pasaron por estos trances quedaron destruidas y la reconstrucción, generalmente, demandó varias décadas. Y hemos salido de estos abismos porque la mayoría de los peruanos tuvo la sensatez de rechazar todas las propuestas de las izquierdas que llevaron al poder a Pedro Castillo y luego pretendieron sembrar la inestabilidad con la vacancia.