Enclavado en el distrito de La Encañada, región Cajamarc...
El fin de semana último, numerosos pobladores de Manchay y de otras zonas periféricas de Lima salieron a las calles a protestar contra la “probable” privatización de Sedapal. Los pobladores se oponen al Decreto Supremo Nº 214-2019-EF por el que se posibilita que el sector privado participe en un 30% de las actividades de Sedapal con el objeto de optimizar los servicios.
El DS Nº 214-2019-EF pretende extender la participación del sector privado en los sistemas de administración de los servicios de agua potable y alcantarillado para cubrir las necesidades básicas y urgentes de la población. De acuerdo a la norma, con la participación del sector privado se busca mejorar el desempeño de la EPS, el buen desenvolvimiento corporativo y los mecanismos para establecer metas y planes de inversión. Con la intervención del capital privado en Sedapal —valorizada por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) en S/ 4,500 millones— se pretende corregir la ausencia de servicios de agua potable y alcantarillado en Lima. Asimismo, con la administración privada, mejorará la productividad de la empresa y la hará más competitiva de la región.
En la práctica, con este DS el sector privado solo podrá participar de las actividades de administración, operaciones de producción de agua y mantenimiento preventivo y correctivo de la distribución de agua potable y el alcantarillado correspondiente a Sedapal. Según la ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, publicada en abril del año pasado, el Ministerio de Vivienda es el ente encargado de planificar, diseñar, normar y ejecutar políticas nacionales relacionadas con el agua potable y alcantarillado. El programa “Agua segura para Lima y Callao”, dependiente de ese ministerio, se hace cargo de gestionar los proyectos de inversión en agua y saneamiento correspondiente a Sedapal. Es decir, “Agua segura” construye, instala, rehabilita mejora y amplía la infraestructura de agua y saneamiento.
Un reporte de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), señala que entre la producción y la facturación de agua existe una diferencia de 729 millones de metros cúbicos de agua. La cifra revela que 27.4% del agua producida en Lima no es facturada debido a las fugas en la red de tuberías, falta de recambio y mantenimiento preventivo de las redes de distribución y robo del recurso natural procesado. El monitoreo de las redes por parte de Sedapal no es suficiente para reducir las pérdidas y los robos de agua.
Vale anotar que en cualquier proceso de privatización de una de las 50 empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) existentes en todo el país, se privatiza la gestión y no el recurso hídrico. Maliciosamente sectores vinculados a la izquierda señalan que el agua será privatizada y pasará a las manos de “capitalistas despiadados”.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI-2018), el abastecimiento de agua potable por medio de una red pública alcanza al 90.7% de la población; es decir, cerca de tres millones de peruanos no tienen agua tratada para consumo humano. Por esta razón, los vecinos de las zonas periféricas de Lima salen a protestar reclamando un derecho. En Lima, según el presidente del directorio de Sedapal, Francisco Dumler, un millón de personas no tienen abastecimiento de agua de una red pública.
La ineficiencia notable de la EPS —14 de ellas intervenidas por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), por estar quebradas en la práctica— impide proyectos de expansión de distribución de agua. Las razones son conocidas: falta de inversiones, nuevas conexiones y, sobre todo, ausencia de gestión y de conocimientos técnicos de los empleados, contratados por las autoridades de turno con criterios clientelistas.
Para José Beteta, de Contribuyentes del Perú, la gestión de las EPS debe independizarse de las municipalidades para alejarse de las influencias políticas. Según el Banco Mundial, el abastecimiento de agua potable en Latinoamérica y el Caribe es en promedio 91%. En Perú es de 84%, por debajo de Argentina, Chile, Ecuador, México, Colombia, Brasil y Bolivia. La eficiencia de Sedapal podría ser de las mejores con la participación de las inversiones privadas.
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