Infraestructura: la brecha crece

En tres años, se ha ensanchado en US$25,439 millones, pero no hay política proinversión.      Un estudio realizado por la empresa Perú Top Publications (PTP) nos revela que la brecha de infraestructura del país, al 2015, asciende a US$113,349 millones, lo cual supone un incremento importante respecto a otro estudio que realizó el año 2012 la Asociación de Fomento de la Infraestructura (Afin), en el que asciende a US$88,000 millones. Quiere decir que en tres años, el déficit ha crecido en unos US$25,439.

La brecha se mide en función de las necesidades de infraestructura que tiene el país para afianzar su desarrollo y que están definidas en un listado de proyectos considerados indispensables en función de ese objetivo. “Carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, conexión a Internet y telefonía, hospitales, infraestructura hidráulica, colegios, agua y electricidad, son los motores que permiten producir de manera más eficiente, atraer un mayor número de capitales extranjeros y, a la vez, generar bienestar para un creciente número de personas”, dice el informe de PTP.

La diferencia entre los estudios de Afin y PTP se explica porque este último ha incluido en su listado proyectos que en el 2012 no estaban aún definidos, que son la carretera longitudinal de la sierra completa y las líneas 3, 4, 5 y 6 del Metro de Lima.

El trabajo de PTP actualiza entonces el listado y en ese sentido es una herramienta importante para orientar las políticas públicas. Tenemos un inventario de 2,083 obras que necesitamos con urgencia para avanzar hacia el desarrollo. Le toca ahora al gobierno convertirlo en inversiones mediante una política mucha más proactiva de promoción de la inversión privada, sin la cual es imposible cerrar la brecha.

Según la Universidad del Pacífico y el Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad Esan, hasta el 2021 el Perú requiere invertir US$21,791 millones en redes viales, US$7,308 millones en ferrocarriles, US$32,297 millones en electricidad, US$8,952 millones en banda ancha, US$4,973 millones en telefonía móvil. Si el Estado se propusiera hacerlo con sus propios recursos tardaría demasiado en hacerlo por sus conocidas limitaciones institucionales.

En el periodo 2011-2014, Proinversión hizo bien su trabajo y adjudicó proyectos de inversión en infraestructura bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP) por US$14,535 millones, también 83 proyectos bajo el esquema de Obras por Impuestos (OxI) por S/. 609 millones, y 22 proyectos de Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC). Entre las APP aprobadas están la Línea 2 del Metro de Lima, Gasoducto del Sur, Banda Ancha, Nodo Energético del Sur y Chavimochic III. Sin embargo, todo este esfuerzo ha tropezado con la dinámica indolente de la tramitología estatal y la ausencia de un liderazgo político que empuje con decisión los proyectos aprobados.

Por ejemplo, hoy, para construir un proyecto de lineal de muchos kilómetros (carreteras, redes eléctricas o de telecomunicaciones, etc), se obliga al inversionista a tramitar permisos en todos los distritos por donde pasa su proyecto, al punto que una empresa tuvo que tramitar 288 licencias municipales a lo largo de 1,200 kilómetros.

Las antenas de telefonía celular tampoco pueden ser instaladas porque algunas municipalidades piden requisitos insólitos o se niegan a autorizarlas. Hay municipios que exigen un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por cada antena, como si el medio ambiente del distrito fuese diferente cada tres o cuatro manzanas.

Es lamentable que el gobierno haya hecho muy poco hasta hoy para eliminar las trabas y nudos que, desde el aparato estatal (gobierno central, regiones y municipios), frenan la inversión en infraestructura y la inversión privada en general. No se percibe, desde lo más alto del estado, un compromiso auténtico con promover la inversión privada.

  13 - May - 2015