Cajamarca y la propuesta por un clúster minero

En lo alto de la sierra cajamarquina se esconde una de las mayores reservas de cobre del Perú. El “cinturón de cobre del norte”, que agrupa proyectos como Michiquillay, Galeno, Conga, La Granja y Cañariaco, podría convertirse en la base de un ambicioso clúster minero con capacidad de transformar no solo la economía regional, sino la del país entero. La comparación inevitable es con Antofagasta, en Chile, un territorio que pasó de ser un desierto olvidado a convertirse en una de las zonas más prósperas de Sudamérica gracias al cobre. Cajamarca podría seguir ese camino, si logra superar décadas de paralización y desconfianza.

La cartera de inversiones mineras en la región supera los US$ 16,000 millones, pero la mayor parte está detenida desde hace más de diez años. El bloqueo del proyecto Conga en 2011 congeló no solo esa iniciativa, sino también el desarrollo de otros yacimientos vecinos. El costo de esa parálisis se mide en cobre no extraído: alrededor de 1.5 millones de toneladas métricas anuales que el Perú deja de producir, un volumen que habría colocado al país al nivel de Chile, hoy líder mundial del metal rojo.

Entre los proyectos de la zona, Michiquillay destaca como la pieza más madura y con mayores posibilidades de convertirse en catalizador del ansiado clúster. Adjudicado a Southern Perú en 2018, cuenta con estudio de impacto ambiental aprobado y un inicio de construcción previsto para 2027, cinco años antes de lo originalmente planeado. Su operación promete 225,000 toneladas métricas de concentrado de cobre al año durante más de un cuarto de siglo, además de subproductos como oro, plata y molibdeno.

El concepto de clúster, popularizado por el economista Michael Porter, implica que empresas de un mismo sector se agrupen geográficamente para compartir infraestructura, innovar y generar eficiencias. En minería, esto significa coordinar plantas de tratamiento, sistemas de energía, transporte y disposición de residuos, reduciendo costos y disminuyendo impactos ambientales.

Aplicado a Cajamarca, un clúster permitiría integrar la producción de Michiquillay con la de otros yacimientos cercanos. El proyecto de un ferrocarril hacia Bayóvar, en la costa de Piura, serviría no solo para exportar cobre con mayor competitividad, sino también para impulsar otras industrias como la agroexportación y el turismo. La idea es que la minería sea la chispa que encienda un proceso de diversificación económica en todo el norte peruano.

La magnitud de las inversiones en Michiquillay se traduce en cifras concretas: se estima que solo en la fase de construcción del proyecto estrella se generarán alrededor de 83,000 empleos directos e indirectos. Pero más allá del empleo temporal, lo que está en juego es la posibilidad de crear un ecosistema de proveedores locales en transporte, ingeniería, mantenimiento, salud ocupacional, catering y logística. En Antofagasta, miles de pequeñas y medianas empresas surgieron al calor de la gran minería, elevando de manera sostenida los ingresos de la población.

El impacto social también es considerable. Cajamarca es, paradójicamente, una de las regiones más ricas en recursos naturales y al mismo tiempo una de las más pobres del Perú. La entrada en operación de estos proyectos, bajo un esquema de clúster, podría reducir la pobreza a niveles nunca vistos en la región. El poder adquisitivo de la población aumentaría, la infraestructura se modernizaría y la educación técnica tendría un nuevo impulso para responder a la demanda de profesionales especializados.

No obstante, ningún proyecto minero en el Perú se desarrolla en un vacío. Los conflictos sociales han sido una constante y Cajamarca es el más claro ejemplo. La oposición que paralizó Conga todavía pesa en la memoria colectiva. Para que el clúster minero avance, será indispensable un trabajo estrecho con las comunidades. Southern Perú ha establecido el Fondo Social Michiquillay, que busca canalizar recursos hacia proyectos de educación, salud, agua y saneamiento en las zonas vecinas, con la intención de reducir la conflictividad y asegurar un beneficio compartido.

La viabilidad del clúster también depende de la claridad en las reglas de juego. Una política pública coherente, acompañada de transparencia en la gestión de regalías e impuestos, será fundamental para generar confianza. En paralelo, universidades y centros de investigación de la región tienen la oportunidad de vincularse con la minería para formar profesionales e impulsar innovación aplicada.

Cada año de retraso representa una oportunidad que se escapa. Chile, con Antofagasta como ejemplo, demuestra que un clúster minero puede ser motor de desarrollo regional y nacional. Cajamarca, con su geología privilegiada y un proyecto emblemático como Michiquillay, tiene la posibilidad de escribir una historia similar. La pregunta es si el Perú está dispuesto a dar el paso y apostar por un futuro en el que el cobre sea la palanca de un desarrollo más amplio y sostenible.