¡Cajamarca es asediada por mineros ilegales!

La decisión de prorrogar el estado de emergencia en diez distritos de Cajamarca confirma la gravedad del avance de la minería ilegal en una de las regiones con mayor potencial minero del Perú. La medida comprende Encañada, Cachachi, Sorochuco, Huasmín, Hualgayoc, Bambamarca, San Ignacio, San José de Lourdes, Namballe y Bellavista. No se trata únicamente de un problema de seguridad: la expansión de las operaciones clandestinas compromete también la recaudación tributaria, las inversiones y las posibilidades de desarrollo regional.

Cajamarca concentra el 25,9% de la cartera de proyectos mineros del país, con siete iniciativas valorizadas en US$ 16,586 millones, principalmente en oro y cobre. Allí se encuentra el cinturón cuprífero del norte, integrado por proyectos como Conga, Galeno, La Granja y Michiquillay. Su desarrollo permitiría producir entre uno y 1.5 millones de toneladas de cobre anuales, cerca del 60% de la producción nacional actual. Estamos, por tanto, ante una región cuyo potencial podría modificar sustancialmente la posición del Perú en el mercado internacional de minerales.

El contexto de precios elevados hace todavía más valiosos estos recursos. La onza troy de oro ronda los US$ 4,000, impulsada por su demanda como activo de refugio, mientras que el cobre supera los US$ 6.50 por libra debido a su importancia para la transición energética y tecnológica. Estas cotizaciones incrementan los incentivos para la extracción clandestina, especialmente allí donde las deficiencias del sistema de formalización permiten que las operaciones ilegales continúen expandiéndose.

Las dimensiones económicas del problema son considerables. Óscar Mendoza, exdecano del Colegio de Economistas de Cajamarca y docente universitario, estima que la minería ilegal en Chugur, El Tingo, Sinchao, Hualgayoc y Bambamarca genera ganancias de S/ 6,000 millones anuales. Según el mismo especialista, solamente en Hualgayoc esta actividad ocasiona pérdidas aproximadas de S/ 900 millones por concepto de impuesto a la renta. Son recursos que, en lugar de incorporarse a la economía formal y financiar servicios públicos, permanecen fuera de los mecanismos tributarios.

Pero la amenaza ya no se limita a la dimensión económica. Frank Almanza, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, ha identificado diez zonas de Cajamarca con potencial para desarrollar escenarios de violencia comparables a los de Pataz. Entre ellas figuran Algamarca, Chugur, Tanlayoc, Celendín y Bambamarca. A su vez, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ha expresado su preocupación por el avance de estas actividades en Hualgayoc, Algamarca y Sorochuco, donde incluso se ha advertido sobre la presencia de la organización criminal Los Pulpos. Esta organización habría replicado una estrategia de expansión que consiste en ofrecer protección a los mineros ilegales para luego extorsionarlos y disputarles el control de los socavones.

Frente a este escenario, la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) debe convertirse en una herramienta para ordenar la actividad y cerrar los espacios que permiten la continuidad de las operaciones ilegales. José Medina, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, considera que la norma facilitará la formalización de quienes realmente tienen voluntad de cumplir la ley. La urgencia de una reforma resulta evidente si se considera el fracaso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo): según estimaciones provenientes del Gobierno Regional de Cajamarca, desde 2012 hasta la actualidad apenas se ha conseguido formalizar a menos de 40 mineros.

Cajamarca no puede resignarse a que su riqueza minera termine alimentando economías clandestinas y organizaciones criminales. La región posee una cartera de proyectos valorizada en US$ 16,586 millones, liderazgo en producción aurífera y un potencial cuprífero capaz de elevar considerablemente la producción nacional. Sin embargo, ese futuro estará en riesgo mientras la minería ilegal continúe expandiéndose y el Estado no consiga ejercer autoridad efectiva sobre su territorio.

La prórroga del estado de emergencia y la reforma de la formalización minera deben formar parte de una estrategia integral para recuperar el control de la actividad. El objetivo no puede limitarse a contener episodios de violencia: se trata de proteger las inversiones, combatir las economías ilegales y garantizar que la explotación de los recursos naturales genere impuestos, empleo y oportunidades para los cajamarquinos. La riqueza minera de Cajamarca debe convertirse en desarrollo, no en el patrimonio de redes clandestinas y criminales.