Cajamarca frente a la oportunidad de convertirse en potencia cuprífera

La paradoja de Cajamarca es difícil de ignorar: una región que alberga algunos de los mayores recursos cupríferos del Perú continúa atrapada entre la pobreza y el aplazamiento de inversiones capaces de modificar su futuro económico. Mientras el mundo necesita cada vez más cobre, buena parte de los yacimientos cajamarquinos permanece sin desarrollar. Un reciente estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) vuelve a poner en evidencia las consecuencias de esta situación y obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿cuánto más puede esperar Cajamarca para aprovechar su riqueza?

Las cifras del informe permiten dimensionar lo que está en juego. Entre 2008 y 2024, las demoras de los proyectos Tía María, Los Chancas y Michiquillay habrían significado S/ 13,095 millones en inversiones que no se ejecutaron y S/ 123,012 millones en producción que nunca llegó al mercado. Asimismo, Arequipa, Apurímac y Cajamarca dejaron de percibir, según las estimaciones del IPE, S/ 50,782 millones en recaudación fiscal. A estas pérdidas se suman los puestos de trabajo que no se crearon y las actividades económicas que tampoco pudieron consolidarse.

Cuando una inversión permanece paralizada durante años, sus efectos alcanzan a toda la economía: trabajadores que no encuentran nuevas oportunidades, proveedores que pierden mercados, gobiernos que dejan de recibir recursos y comunidades que no acceden a la actividad productiva que podría dinamizar sus localidades. El debate minero debería incorporar esta dimensión. Y Cajamarca ilustra con particular claridad esta contradicción. Su cartera incluye proyectos de gran envergadura, como Conga, Galeno, La Granja, Cañariaco Norte y Michiquillay, cuyas inversiones potenciales superan en conjunto los US$ 16,000 millones. Sin embargo, buena parte de ese potencial sigue siendo una promesa pendiente.

Las perspectivas internacionales hacen todavía más costosa esta demora. El cobre se ha convertido en un insumo estratégico para la electrificación, las energías renovables, la expansión de las redes eléctricas y numerosas tecnologías modernas. Su participación se aproxima al 30% de las exportaciones peruanas, y las necesidades mundiales de este metal ofrecen al país una oportunidad que difícilmente debería desperdiciar. El Perú dispone de reservas, experiencia productiva y capacidad para atraer inversiones. El desafío consiste en convertir esas ventajas en operaciones concretas.

Si los principales proyectos cupríferos de Cajamarca avanzaran, la región podría contribuir con aproximadamente 1.5 millones de toneladas métricas adicionales de cobre al año. Ese volumen equivaldría a cerca del 60% de la producción nacional actual. La magnitud de esta posibilidad permite comprender que no se trata simplemente de poner en marcha algunas minas aisladas. Estamos ante la oportunidad de elevar de manera sustancial la capacidad productiva del país y de situar a Cajamarca en una posición decisiva dentro de la industria cuprífera peruana.

Entre las iniciativas pendientes, Michiquillay ocupa un lugar central. Adjudicado a Southern Perú, el proyecto contempla una inversión cercana a los US$ 2,000 millones y una producción anual estimada de 225,000 toneladas métricas de cobre. Su puesta en marcha permitiría elevar en casi 10% la producción nacional del metal. Sin embargo, la distancia entre las previsiones iniciales y el horizonte actual revela la magnitud del retraso: el comienzo de las operaciones se proyectaba originalmente para 2016, mientras que, de acuerdo con el análisis del IPE, el desarrollo productivo se concretaría después de 2030.

Esta postergación tiene consecuencias acumulativas. Una mina que no comienza a operar tampoco demanda, en la escala prevista, servicios de transporte, construcción, energía, mantenimiento, metalmecánica y tecnología. Los empleos directos e indirectos quedan pendientes, al igual que las compras a empresas locales y los tributos que contribuirían a financiar obras y servicios públicos. El costo de la demora, en consecuencia, no se limita al valor del mineral que permanece en el subsuelo: comprende también la actividad económica que no llega a desplegarse alrededor del proyecto.

Por eso, Michiquillay debería formar parte de una estrategia integral de desarrollo para Cajamarca. El objetivo no puede reducirse a extraer cobre y exportarlo. También debe consistir en promover empresas proveedoras, formar trabajadores especializados, mejorar la infraestructura y crear condiciones para que los negocios regionales participen de manera sostenida en la economía minera. Cuando una inversión de gran escala impulsa una red empresarial diversificada, sus efectos pueden prolongarse mucho más allá de la vida útil de una operación.

El futuro de Cajamarca dependerá de su capacidad para transformar recursos naturales en oportunidades reales. El cobre existe, los proyectos están identificados y la demanda internacional abre perspectivas favorables. Lo que falta es convertir esas condiciones en decisiones y resultados.