Vizcarra y su oportunidad histórica

Al presidente Vizcarra se le ha presentado una excelente oportunidad para construir su legado a través de una verdadera reforma de la administración de justicia. Y que hace posible que la iniciativa política habite en Palacio de Gobierno, su sede natural. En tiempos de escándalos de corrupción internacional, cortesía de Odebrecht y de otras empresas constructoras brasileñas, y de audios en los que se manifiesta el crudo lenguaje de la corrupción, el Gobierno apunta a declarar este 28 de julio el inicio de un trascendental proceso de reforma constitucional, que transforme la actual situación de los órganos de decisión jurisdiccional.

Para ello tiene dos caminos, el confrontacional, con el que sueñan los antifujimoristas, pidiendo facultades legislativas para que solo él haga la reforma; y el político, si se propone trabajar coordinando con los líderes de los grupos parlamentarios, a fin de que sus propuestas obtengan el mayor consenso posible. Si sigue el primer camino debe tener en cuenta que las iniciativas de reforma constitucional no pueden ser objeto de legislación delegada, por cuanto solo existen dos formas de modificar la Constitución: con la mitad más uno de los votos, conforme del número total de miembros del Congreso, y un referendo; o con el voto de los dos tercios de miembros del Congreso.

Ambas modalidades suponen que los procesos de reforma constitucional exigen ejercicio de política, a fin de que las medidas que se aprueben gocen del apoyo mayoritario de quienes, por efecto de la democracia, representan a los electores. Por tanto, corresponde al Congreso debatir y votar las iniciativas legislativas en materia de reforma del texto constitucional. Vizcarra debe considerar que apuntar a convertirse en una nueva versión de PPK (confrontacional con la mayoría parlamentaria), no le agregaría posibilidades a la ansiada transformación judicial. Un proceso electoral para renovar el Congreso solo le quitaría tiempo, estabilidad y, quizás, la ventana de oportunidad que ahora tiene.

El segundo camino significa esfuerzo y la participación de más operadores políticos, que le permitan mantener la iniciativa y, al mismo tiempo, no aparecer dependiente del humor de la mayoría fujimorista. Implicaría coordinar cada paso de la reforma con todos los actores, incluidos los académicos y los operadores del derecho: en especial, los jueces y fiscales que gozan de deferencia de la comunidad jurídica.

Con la primera opción, obtendrá el aplauso fácil de las galerías, pero la oscuridad del olvido. Con la segunda, el recuerdo de la historia.