¿Un sistema de seguridad privado?

La realidad es una: el Perú se ha tornado un foco de inseguridad. Ahora diré una obviedad: el Estado debería protegernos y velar por la seguridad y tranquilidad de los peruanos (al menos eso es lo que la teoría política convencional nos explica). Sin embargo, muchos expertos en seguridad nos quieren encuadrar a los ciudadanos en un dilema ¿Es mejor un modelo estatal inquisitivo que persiga hasta las últimas consecuencias a los delincuentes al mejor estilo Nayib Bukele (que tiene sus bases en el derecho penal del enemigo)? ¿O acaso es mejor un modelo garantista que respete los “derechos humanos” y las garantías procesales al estilo de Raúl Eugenio Zaffaroni? ¿O quizá la cuestión es sobre incentivos y señales por parte del aparato de seguridad y justicia tal como proponía Gary Becker?

Todas estas propuestas evaden un principio elemental: el Estado no es un ente capaz de ser omnisciente, omnipotente y omnipresente. Todos estos modelos de seguridad provocan efectos adversos. Si bien es cierto que el modelo garantista es el más deplorable y mediocre de todos, el modelo inquisitivo o el de incentivos puede obligar a los ciudadanos a depender exclusivamente de la arbitrariedad del Estado y el monopolio de la violencia. Es aquí donde nos ponemos a pensar si la seguridad es una necesidad que cubre el Estado o por el contrario puede convertirse en un servicio económico que se pueda delegar al sector privado.

Es por esto que les propongo las reflexiones que ofrece el ensayo denominado “Sobre la producción de seguridad” del economista belga Gustave de Molinari. A pesar de que esta obra tiene más de siglo y medio de existencia, nos ofrece valiosas reflexiones que siguen vigentes a día de hoy. Veremos los puntos más importantes de dicha obra la cual nos enriquece el debate. Molinari parte de la premisa de que la seguridad es una de las necesidades más básicas e indispensables de la sociedad. Los gobiernos han surgido históricamente como instituciones que aseguran la paz y el orden social, protegiendo a las personas y sus propiedades. Sin embargo, Molinari desafía la creencia predominante de que esta función debe ser monopolizada por el Estado. Esta tesis sería reforzada décadas después por la magnífica obra del sociólogo Franz Oppenheimer “Orígenes Sociológicos del Estado”.

Molinari sostiene que el Estado, al monopolizar la seguridad, incurre en los mismos problemas que cualquier monopolio económico: altos costos, ineficiencia y abuso de poder. En su lugar, Molinari aboga por que la seguridad sea provista por empresas privadas compitiendo en un mercado libre. Esto implica que los ciudadanos deberían poder elegir entre diferentes proveedores de seguridad, tal como lo hacen con otros servicios. El economista belga plantea una visión de la sociedad regida por la ley natural (y por tanto un rechazo rotundo al positivismo garantista). Según esta perspectiva, la sociedad no es el resultado de la ingeniería de legisladores, sino de fuerzas naturales, como el interés propio y la división del trabajo.

Esto se contrapone a la visión de la sociedad "artificial", donde se considera que el gobierno debe intervenir para corregir o modificar constantemente las estructuras sociales. Bajo esta visión naturalista (pero opuesta al estado natural de Hobbes), el gobierno no debería tener un papel protagónico más allá de garantizar la seguridad de las personas. Cualquier intervención más allá de eso no solo es innecesaria, sino que es dañina, ya que introduce coerción y abre la puerta a la tiranía. Molinari describe cómo los gobiernos tienden a crecer y monopolizar más áreas de la vida social cuando se les otorga el poder para intervenir en la seguridad, lo que lleva a una mayor centralización y abuso de poder.

Uno de los puntos centrales de Molinari es la aplicación de la lógica de la competencia y el libre mercado al ámbito de la seguridad. Según él, si la libre competencia beneficia al consumidor en otras áreas de la economía, también debería hacerlo en la provisión de seguridad. De hecho, Molinari sostiene que la competencia entre empresas de seguridad garantizaría una mejor calidad de servicio y una reducción en los costos, ya que los proveedores competirían por ofrecer mejores condiciones a los ciudadanos.

La clave aquí es que el monopolio estatal en la seguridad limita las opciones de los ciudadanos, quienes deben pagar impuestos para financiar un servicio que no pueden elegir, independientemente de la calidad o eficiencia del mismo. En un mercado libre de seguridad, las empresas privadas estarían incentivadas a ser más eficientes y a tratar a sus clientes mejor, dado que estos tendrían la opción de cambiar de proveedor si no están satisfechos. Molinari señala justamente que este monopolio estatal inevitablemente lleva a abusos, ya que no enfrenta la presión de la competencia y puede imponer tarifas y reglas sin que los ciudadanos tengan voz o voto.

Por otro lado, Molinari critica duramente al comunismo, definido como la colectivización de la producción de seguridad, donde los ciudadanos participan en la administración de la seguridad a través de delegados o comités. Aunque esto podría parecer más democrático, Molinari sostiene que la gestión comunista de la seguridad también tiende hacia la ineficiencia y la corrupción, ya que los delegados elegidos suelen estar controlados por intereses especiales o manipulados por quienes ya están en el poder. Esto fue demostrado empíricamente décadas después con el siniestro régimen policiaco soviético. Ambos sistemas, monopolio y comunismo, fallan en ofrecer una solución adecuada a la provisión de seguridad, ya que ambos centralizan el poder y lo alejan de los ciudadanos.

En cuanto a cualquier temor que surja como una posible guerra entre las agencias de seguridad, el autor argumenta que la libre competencia en la seguridad reduciría el riesgo de conflictos y guerras entre diferentes proveedores de seguridad. Esto se debe a que la guerra es una consecuencia del monopolio estatal de la violencia. En su visión, bajo un sistema de libre mercado, la paz sería la norma, ya que los consumidores no optarían por asegurar sus propiedades y vidas con empresas que practican la violencia constantemente. Para Molinari, la cuestión fundamental es si la producción comunista o la libre es superior. Si la producción comunista de la seguridad (gestionada colectivamente) es superior, entonces, lógicamente, debería aplicarse a todos los bienes y servicios; y el comunismo debería ser el sistema económico predominante. Sin embargo, si el libre mercado demuestra ser más eficiente en la seguridad, también lo será en otros sectores. Siglo y medio de experiencias nos demuestran la prevalencia del libre mercado.

Aunque sus ideas fueron radicales para su tiempo, han influido profundamente en el pensamiento libertario moderno. Su visión de la competencia en la seguridad y su crítica a los monopolios estatales ha sido retomada y expandida por economistas y filósofos como Murray Rothbard, quien también escribió el prefacio del ensayo de la edición consultada para esta columna (la versión en español editada por Unión Editorial) aunque también esta obra se puede encontrar de forma gratuita en internet en su versión PDF ya traducida.

Como conclusión, podemos afirmar que la obra de Molinari desafía la concepción tradicional del rol del gobierno en la sociedad, proponiendo un mercado libre como la solución para la provisión de seguridad. Su argumento se basa en principios económicos sólidos, aplicando la lógica de la competencia y la eficiencia del mercado al ámbito de la protección y el orden social. Aunque sus ideas nos pueden parecer utópicas, plantean preguntas importantes sobre los límites del poder estatal y el potencial de la libre competencia en esferas consideradas tradicionalmente como exclusivas del gobierno. 

En nuestro Perú azotado por la violencia es que debemos de hacernos las siguientes reflexiones: ¿En verdad Dina y los ineptos de los ministros del interior son capaces de velar por todos los peruanos? ¿Últimamente la policía nacional ha hecho gala de eficiencia en la lucha contra la criminalidad? ¿Acaso el sistema de seguridad estatal se ve corrompido desde dentro y conlleva burocracia innecesaria? ¿No son muchas veces los jueces y fiscales negligentes causantes de la impunidad criminal? Estas preguntas, que a cualquier peruano de a pie se le pueden venir a la cabeza, son una clara muestra de que puede existir una solución más allá del Estado.

En una próxima entrega hablaremos acerca del porte y uso de armas por parte de la ciudadanía; o de por qué modelos que parecen tan exitosos como los de Bukele resultan un arma de doble filo. De momento, les ofrezco para la reflexión este valioso texto de Molinari, que a pesar de tener algo de antigüedad, sigue ofreciéndonos ideas interesantes para fortalecer el debate.