Un desacierto monumental

Sobre la frustrada ley de promoción de la inversión privada en gestión cultural

Los políticos, como cualquier otro individuo, se mueven en función de sus propios intereses. Son seres humanos, no marcianos. Desde ese punto de vista, no debería sorprendernos que prioricen su agenda personal por encima de lo que los argumentos técnicos aconsejan. Así, las reglas legales que emiten, por ejemplo, los congresistas, suelen ser producto del cálculo político o de consideraciones particulares antes que de un mesurado análisis costo-beneficio o la atención a un criterio o parámetro de eficiencia.

Una de las decisiones recientes más lamentables de nuestro Congreso implica la derogatoria del Decreto Legislativo No. 1198 que promovía la participación privada en la gestión cultural. Esta norma era muy importante porque permitía inyectarle capital al cuidado de sitios arqueológicos. La norma no era privatizadora, como de forma maliciosa se sostuvo, sino que permitía la celebración de convenios culturales de administración que involucraran a la empresa privada en la tarea de conservación y puesta en valor.

En Cusco se realizó un paro sobre la base de prejuicios y desinformación, y ello gatilló el debate que desencadenó la derogatoria que ahora comentamos. Nos parece importante poner de relieve que este tipo de decisiones son solamente politiquería, sin algún tipo de consideración técnica respecto del problema de fondo. La administración puramente estatal de los monumentos, por ejemplo, no ha servido ni sirve apropiadamente a los fines de su conservación. Esta derogatoria es, en simple y claro, un monumental desacierto.

Por: Gustavo Rodriguez García