Mario Saldaña
Tierra de nadie

Sobre la necesaria y reclamada reforma del sistema de representación política.
Las entidades que conforman el sistema electoral han vuelto a poner el grito en el cielo respecto a la modificación de algunas reglas básicas que regulan en funcionamiento de los partidos políticos.
El problema, como lo hemos advertido, es profundo y estructural; requiere de una cirugía mayor y no de pequeños parches que no atienden el asunto de fondo: mejorar la calidad y la transparencia de la representación política, y por ende, fortalecer la legitimidad de quienes asumen cargos en diferentes instancias del Estado.
La reforma, a mi modo de ver, debería incluir cambios constitucionales sobre el funcionamiento del sistema político y no solo la legislación de los partidos. Empezando por consagrar el voto libre, eliminar el voto preferencial, crear distritos electorales mucho más pequeños y acotados frente a los existentes, acelerar el voto electrónico, y por cierto, entre otras cosas, el financiamiento de las organizaciones políticas.
Todo lo anterior y más obligan a un acuerdo político amplio que hoy por hoy las principales fuerzas políticas no están dispuestas a suscribir. Entre otras cosas porque los incentivos para apoyar el cambio son muy escasos cuando no inexistentes. Es claro, por ejemplo, que lograr el financiamiento público de los partidos es inviable ya que ello tendría que estar condicionado a una serie de reformas de funcionamiento, exigencias de apertura y transparencia de sus respectivas gestiones administrativas y financieras, controles diversos, cumplimiento escrupuloso de normas de democracia interna, supervisión constante de la ONPE y el JNE. Es decir, a cumplir la ley, exigencia que hoy está pintada en la pared en el caso de todos los partidos, más allá de mayores o menores grados de esfuerzo.
El problema es que la amenaza del envilecimiento y degradación al sistema es real y concreto, se está produciendo en este momento y se hará visible en la siguiente campaña. Hablamos de la penetración de la delincuencia y del crimen en sus diferentes variantes en los partidos políticos: narcotráfico, minería ilegal, tráfico de terrenos, etc. Aportes de recursos provenientes del crimen nacional e internacional.
Una clase política con responsabilidad y consideración hace rato hubiera abordado con seriedad y compromiso esta reforma de amplio espectro. Pero ya sabemos que el grueso de organizaciones prefiere seguir actuando en medio del marasmo de la informalidad, al filo del reglamento y sin dar cuenta de nada, porque de lo que se trata es de alcanzar un solo objetivo: subsistir como sea usando vehículos legales y casi privados (supuestos partidos), para asegurar intereses personales o de grupo, y no instituciones que canalicen los intereses de la población en base a ideas y principios.
Esta es la típica reforma que, si no es promovida, canalizada y sostenida por la sociedad y la opinión pública, jamás se va a dar. Sencillamente porque quienes tienen la capacidad de hacerla realidad, los congresistas, por las razones señaladas, jamás se volverán a sí mismos objetos de un cambio por el que clama la mayoría de la población.
Por Mario Saldaña C.(@msaldanac)
02 – Jul – 2015
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