¿Por qué el liberalismo está devaluado en el Perú?

De cuando en cuando, usualmente en una reunión de gente con puntos de vista liberales, emerge rampante la pregunta de por qué estas ideas —y los gobiernos que declaran seguirlas— no florecen en nuestro país. En primer lugar es útil hacer una precisión: el liberalismo tiene al menos dos acepciones. Una de ellas nos refiere al liberalismo clásico —las ideas de Smith, Hayek o Friedman— y enfoca básicamente a la defensa de la libertad individual, de los derechos de propiedad privada y del funcionamiento competitivo de los mercados.

El otro liberalismo, de corte progresista, implica la combinación de un régimen con creciente intervención estatal, matices de fascismo corporativo y que —al sur del Río Grande— transita hacia formas cantinflescas o populistas de mercantilismo-socialista; sin soltar del todo una incongruente retórica liberal. A este híbrido ideológico es al que el grueso de los latinoamericanos de estos tiempos etiquetan como el “modelo liberal”. En estas líneas no nos referiremos a regímenes como las administraciones que han gobernado nuestro país desde 1993 a la fecha. Nos referimos meridianamente a un régimen de libre mercado con una institucionalidad liberal clásica.

Es cierto que esporádicamente —por moda regional o por desesperación— algunos gobiernos abrazan parcialmente las ideas liberales. En estos episodios, la aplicación de una receta liberal incompleta (con privatizaciones, mejor manejo macroeconómico y eliminación de barreras, pero sin depuración institucional ni desmantelar los incentivos pro corrupción burocrática característicos de los gobiernos mercantilistas socialistas) genera una temporal pero ostensible mejora económica. Pero poco tiempo después estas mejoras son revertidas en administraciones que solo retóricamente respetan el modelo o las ideas liberales.

Un ejemplo nítido de esta mutación nos la bosqueja el manejo económico peruano reciente. Si contraponemos la corta fase semiliberal boloñista (periodo 1991-1993) y larga fase de reversión gradual de estas propuestas (desde el 1994 a la fecha). En este ejemplo, merecen destacarse cuando menos dos aspectos. Por un lado, el uso retórico del “mantenemos el modelo económico” para describir manejos económicos sustantivamente diferentes. De hecho que un mismo vocablo se use para referirse tanto a la gestión fujimorista de mediados de los noventa cuanto al manejo abiertamente socialista-mercantilista de Ollanta Humala o Martín Vizcarra, nos libera de mayores explicaciones.

Por otro lado, existe un detalle omitido en el grueso de los análisis: el lado institucional. Sí, estimados lectores, me refiero al gran regalito velasquista: la prostitución institucional del país a todo nivel. Se establecieron incentivos que toleraban la rapiña en toda la burocracia —a nombre del mercantilismo o el socialismo—, pero sin huellas. Recordemos que los monopolistas de las acusaciones anticorrupción son los bastones de izquierda. Comprados ellos, se lava todo.

Sí, como en la Cuba o la Venezuela en estos tiempos, y las fortunas de los Castro o los Maduro en la revista Forbes. Así, desde aquellos aciagos años, en nuestro país cada vez más burócratas ladrones o cómplices quedan enriquecidos e impunes. Por ello, la aludida prostitución institucional se consolidó desde las escuelas, universidades u hospitales, hasta los juzgados, fiscalías y comisarías. Con ello el veneno estaba inoculado, y como todo buen veneno, su daño fue paulatino. Nótese que en los tiempos subsecuentes ni Acción Popular, ni la Alianza del Apra y la Izquierda Unida —y mucho menos el fujimorismo, las hordas de Perú Posible o del humalismo y el pepekausismo vizcarrista de estos días— hicieron nada relevante en esta dirección. Esta reflexión permite enfocar algo que no se quiere ver (o se subestimó).

Cuando a inicios de 1991 se inició la aplicación de reformas de mercado en el país, se obvió un detalle fundamental. Los mercados no funcionan sin una institucionalidad capitalista implacable. Sin orden y sin justicia predecible, las aludidas reformas eran metafóricamente perros con bocado. En ausencia de incentivos anticorrupción burocrática (sin leyes, jueces, fiscales y policías honestos y tajantes) pecan hasta los ángeles. El hecho de que Fernando Belaunde Terry haya sido el único presidente honrado en varias décadas no es algo casual. Tampoco lo son los crecientes escándalos de corrupción burocrática de las últimas décadas.

Entendámoslo bien: el liberalismo económico peruano no está hoy devaluado porque sus difusores fuesen un poco antipáticos o políticamente incompetentes. A pesar de lo probadamente superior de sus ideas económicas, en los hechos sus gobiernos y su prédica omitieron resolver un plano fundamental. Con los incentivos procorrupción burocrática intactos, terminaron flotando en el barro posvelasquista; lo que se etiquetó como el piloto automático del modelo. Con este, el crecimiento de la economía se redujo y se hizo crecientemente dependiente de los precios externos. Pero esto no fue lo peor: sus gobiernos cayeron también en episodios de corrupción burocrática, y poco tiempo después sus ideas fueron fácilmente revertidas.

Mientras no entendamos que los mercados libres, la libertad individual y los derechos de propiedad requieren de una institucionalidad capitalista implacable, los liberales peruanos —esos temerosos depositarios de ideas que probadamente explican las causas y naturaleza de la riqueza de las naciones— no habremos aprendido mucho. Eso sí, desmontar los incentivos procorrupción burocrática implica una tarea tremenda y dolorosa para miles de ciudadanos. Construir instituciones nuevas desde cero y encarcelar a cientos de miles (de coimeros, coimeados y cómplices) en un país donde la mitad de los electores tiene una marcada tolerancia a la corrupción (y sus idolatrados villanos favoritos) resulta el camino más impopular y riesgoso que un gobernante peruano puede transitar.

Así las cosas, el que llegue a aparecer —o no— un gobernante liberal, honrado y capaz en el futuro de nuestro país puede ser algo muy incierto. Lo que sí puedo afirmar, con razonable verosimilitud, es que desarrollar el país sin hacer esta tarea es algo altamente improbable.