Política gubernamental o flagrante tonteo

Las agrupaciones políticas que presentan candidaturas para las elecciones generales –esto es, presidencial y congresal– están obligadas a hacer público su plan de gobierno, al que pueden acceder los ciudadanos, pues la autoridad electoral tiene la responsabilidad de hacerlos de conocimiento de la población.

Adicionalmente, y dentro de los cuarenta días de haber asumido sus funciones el Presidente de la República, debe hacer aprobar la Política General de Gobierno por el Consejo de Ministros. Pedro Castillo hizo aprobar su política gubernamental por el gabinete el 15 de septiembre de 2021 y el 15 de octubre del mismo año se dictó el D. S. N° 164-2021-PCM para su conocimiento por la ciudadanía.

Pero –¡oh sorpresa!– la Política General de Gobierno hecha pública, nada tenía que ver ni con el discurso presidencial de la campaña, ni menos con el plan de gobierno presentado a la autoridad electoral. ¿Qué pasó? Estimamos que siendo las ofertas de campaña absolutamente inviables, además de enfrentar a los peruanos y paralizar el país por su sesgo rojo, se hacía necesario tranquilizar a los inversores de todo tamaño y a los emprendedores, para que no dejasen de utilizar sus capitales en nuevos emprendimientos que generen trabajo. 

Es así, que con la intención aludida, se nos quiso vender gato por liebre y que los ciudadanos se tranquilizaran pues no había intención de confiscaciones, expropiaciones ni nada que se les parezca y, que los inversores seguirían poniendo sus capitales de riesgo en el Perú.

En la Política General de Gobierno mencionada se llegó hasta la hipocresía de plantear el fomento de la “inversión pública y privada con enfoque territorial”, agregando como línea de acción “atraer a la inversión privada, extranjera y nacional en el marco de un buen funcionamiento de los mercados y el respeto a los tratados y contratos suscritos, e incrementar y mejorar la inversión pública”.

Por supuesto que nadie con dos dedos de frente se la creyó, pues los hechos iban en dirección contraria con la Política General expuesta, que era tan irreal que de ser cierta nos llevaría a todos a estar como Alicia en el País de las Maravillas. Si a ello se le agrega las marchas, las amenazas con los ronderos y otros actores sociales y sindicales, quedaba más claro que del dicho al hecho -como dice el refrán- hay mucho trecho.

Tan grave como lo expuesto fue el nombramiento de ministros y otros altos funcionarios incompetentes, salvo contadas excepciones, y con haber convertido a la administración pública prácticamente en territorio ocupado por aventureros que habían llegado a los cargos para lucrar.

El actual gobierno derogó la Política General del (des)Gobierno de Pedro Castillo y aprobó un nuevo plan mediante el D.S. N° 042-2023-PCM, muchísimo menos ambicioso, pero más real y posible de ser cumplido, pero los ciudadanos debemos estar vigilantes para que el nuevo plan que es factible que se cumpla para ponernos nuevamente en la senda del desarrollo con inclusión social y bienestar para todos.