Los ya olvidados muertos de San Miguel del Ene

El 23 de mayo último, 16 civiles desarmados fueron asesinados en San Miguel del Ene, un pequeño poblado en el distrito del Vizcatán del Ene, la zona del VRAEM más conocida por ser el bastión bajo el control del Militarizado PCP (Sendero del VRAEM). 

Voces irresponsables fueron rápidas en arremeter con acusaciones disparatadas, ya sea culpando a Fuerza Popular del atentado,o publicando titulares sensacionalistas, sin la menor consideración por la verdad o la integridad periodística. En todo caso, comentarios y titulares como los descritos, sumados a teorías conspiratorias que hablaban de “tres venezolanos en motos”, entre otras historias, consiguieron influenciar al electorado a escasas dos semanas de la segunda vuelta más polarizada de nuestra historia.

Aprovechando que conozco la zona en cuestión relativamente bien –luego de más de una docena de ingresos al VRAEM, incluyendo algunas tensas visitas al Vizcatán– escribí un artículo al respecto, en el cual describía por qué era logísticamente imposible que gente ajena a la zona ingrese armada y cometa un “operativo” de esa índole. Acompañé el artículo con un audio que –junto con un conjunto de audios, videos y panfletos– hace un par de años me hizo llegar la “Camarada Vilma”, a través de un mensajero que me presentó Edwar Quiroga. En dicho audio, la terrorista conocida como “Camarada Lucy” manifiesta: “Abajo los ‘cuchipampas’… estos son prostíbulos donde campea la drogadicción, alcoholismo, tabaquismo y enfermedades muy contagiosas como el SIDA… Si no cumplen con nuestras advertencias a los dueños [de los cuchipampas] los vamos a aniquilar, y al inmueble lo vamos a incendiar o dinamitar…” 

Continúa diciendo que van a colgar o aniquilar a prostitutas, homosexuales, “cafichos”, alcohólicos y drogadictos. Esto coincide con un pronunciamiento del “Camarada José”, redactado en enero del 2019, en el cual básicamente amenaza con lo mismo, además de una larga lista de acciones con las que su organización terrorista los castigaría, como parte de una campaña de “limpieza social”. Y eso fue precisamente lo que ocurrió el 23 de mayo: atacaron brutalmente dos burdeles (“cuchipampas”) haciendo honor a sus reiteradas amenazas.

Una semana después del atentado –el más brutal en más de 22 años, desde que el desquiciado “Camarada Feliciano” aún comandaba las huestes terroristas, justamente en lo que ahora es el VRAEM– tuve la oportunidad de conversar con el general Oscar Arriola, jefe de la Dircote. Él acababa de regresar del Vizcatán, de supervisar el análisis pericial forense en la zona del atentado. El general me describió, de manera muy detallada y bastante didáctica, cómo se había llevado a cabo tan brutal ataque.

A diferencia de lo inicialmente reportado por medios de la zona, los burdeles atacados no quedaban uno al frente del otro, sino que había 80 metros de distancia entre ambos, y un riachuelo de por medio. Con esto se descartaba la teoría de los “tres venezolanos en moto”, ya que los dos locales habían sido atacados de manera simultánea. Entre otras cosas, Arriola también me contó cómo es que un día antes del atentado, el “Camarada Carlos” había sido visto reglando la zona, y hasta había amenazado a una autoridad local para que no alerte sobre el atentado a ocurrir. Dicha autoridad local habría obedecido, dado el comprensible terror que infunden las huestes terroristas.

Luego de su regreso a Lima, el General Arriola dio un puñado de declaraciones cortas a distintos medios. Lo que el sentido común dicta que se esperaría en una situación como esta, es que el Ministro del Interior convoque a una conferencia de prensa a nivel nacional, a fin de que el general Arriola explique lo hallado en el exhaustivo análisis pericial. Pero ni al Señor Elice ni a su jefe, el presidente Sagasti, les pareció que la masacre de 16 civiles desarmados –incluyendo cuatro menores de edad que fueron calcinados con gasolina– ameritaba una conferencia de prensa que proporcione la explicación detallada que despejaría tantos rumores falsos e infundados. ¿Quizás tampoco les parecía oportuno seguir hablando del tema, ya que en el ataque los terroristas esparcieron panfletos llamando a no votar por Keiko Fujimori? 

El hecho es que, según un análisis difundido el 1 de junio, “el ataque terrorista del VRAEM habría tenido un efecto neutro [en el electorado] por la duda de la probable vinculación Fujimorista [en el mismo]”. Es evidente que estas dudas se hubieran reducido sustancialmente si la población hubiese podido escuchar la detallada descripción de los hechos a la que yo pude acceder en mi reunión con el general Oscar Arriola. 

Lamentablemente, este atentado contra civiles indefensos no es un hecho aislado: en marzo de este año los terroristas asesinaron brutalmente a una familia de cuatro personas en el poblado de Huarcatán (Ayacucho), utilizando disparos y luego pedradas. Este crimen, que termina de romper con la línea que el “Militarizado PCP” adoptó hace varios años –según la cual no atacaban a civiles, sino solamente se enfrentaban a las fuerzas del orden– es parte de un comportamiento cuya brutalidad crece de manera exponencial en los últimos tres meses, y que sugiere un efecto de empoderamiento.

Hay que tener en cuenta que, por primera vez en la historia de Sendero Luminoso, este grupo –en cualquiera de sus reencarnaciones– ha realizado una campaña proselitista a favor de un partido político (Perú Libre), en lugar de intentar sabotear el proceso electoral de plano. Si bien dicha campaña se ha limitado a su zona de influencia inmediata, el comportamiento descrito marca un hito para la organización terrorista.

Finalmente, cabe citar las palabras del discurso pre electoral que el Señor Pedro Castillo dio como parte de su visita a Pichari (VRAEM) en marzo de este año: “Necesitamos hacer un cambio estructural en el país. ¡El VRAEM no puede estar más de 40 años en Estado de Emergencia!”

Empecemos por el principio: el Estado de Emergencia lo declara Alejandro Toledo en el 2003, luego del secuestro de los trabajadores de la empresa Techint. Es decir, no lleva “más de 40 años” como afirma Castillo, sino 18. El referido Estado de Emergencia ha sido constantemente renovado, trayendo consigo el incremento en la presencia militar y policial: antes del 2003 había una sola base militar en el VRAEM (en ese entonces llamado VRAE). Ahora hay 54 bases, incluyendo la recién instalada en San Miguel del Ene, luego de la brutal matanza ahí perpetrada. El sustancial incremento en la presencia militar ha reducido el área de influencia de los terroristas a aproximadamente la vigésima parte de lo que era antes del 2003.

Levantar el Estado de Emergencia implicaría la consecuente desmilitarización del VRAEM, y el evidente retorno de la presencia terrorista a zonas donde hace muchos años ya no se les ve. ¿Por qué el Señor Castillo quiere desmilitarizar la región y liberar la zona para los terroristas? ¿Acaso cree que la población va a estar más segura sin presencia militar?

VRAEM (en verde) y zona de influencia del Militarizado PCP antes del 2003 (en rojo)

VRAEM (en verde) y zona de influencia del Militarizado PCP en la actualidad (en rojo)