Los derechos humanos de policías y militares

¿Cómo se les retribuye tanto amor y entrega a la patria?

Se dice que es en los momentos duros cuando se conoce a los verdaderos amigos. Somos testigos de cómo nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional arriesgan sus vidas para salvar a los miles de damnificados de las regiones más castigadas por el Fenómeno de El Niño. Personalmente, he sido testigo presencial del trabajo de los policías y marinos en las zonas siniestradas, transportando a los heridos y a las madres gestantes, o llevando donaciones; incluso la tierna escena de un salvavidas calmando el llanto de un niño que acababa de perder a su mascota en el siniestro, caló mi alma. Definitivamente, estaba ante un héroe de carne y hueso.

Entonces pensé ¿cómo la sociedad le retribuye tanto amor y entrega a la patria? ¿qué prioridad constituye para el Estado peruano sus fuerzas armadas y policiales?

Por años se nos ha vendido la idea que los derechos humanos solo corresponden a la sociedad civil y que los militares y policías, por ser agentes del Estado, no entrarían en el círculo de protección ante las instancias internacionales. Instancias que, por el contrario, han desarrollado toda una jurisprudencia que estigmatiza a los militares y policías como violadores de derechos, así con todas sus letras.

Casi todos los casos en los que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha establecido responsabilidad del Estado se dan en el marco de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas: violación sexual, tortura desapariciones forzadas. Se ha resuelto incluso que la jurisdicción militar no es competente para conocer delitos propios de la jurisdicción ordinaria. Conductas que vulneran el contenido de la Convención Americana.

Y entonces tenemos sentencias en las cuales se establecen instaurar nuevos procesos judiciales para que los militares sean nuevamente enjuiciados, bajo la conclusión que hubo vulneración de derechos a la vida o al debido proceso, por lo que ya se estaría induciendo a la judicatura nacional a fallar en el sentido predeterminado por la Corte. Un nuevo proceso en el que se juzgue a todos, a pesar del tiempo transcurrido, cuando ya no se tiene certeza del grado de participación y no hay mayores pruebas. Una visión bastante sesgada del debido proceso.

No niego que hay elementos militares que abusaron y violaron derechos humanos, pero tampoco puedo negar la cadena natural de mando y obediencia característica en las Fuerzas Armadas al ejecutar una orden, y que hace que justos paguen por pecadores al momento en que la justicia tardía quiera hacer sentir su presencia. Esta conclusión me lleva a muchos cuestionamientos; por ejemplo, si la judicatura ordinaria es capaz de establecer el grado de participación y responsabilidad de los militares en una situación de enfrentamiento con terroristas, cuyos familiares acuden al SIDH por justicia, representados por sendas ONG de derechos humanos. Me pregunto si de las indemnizaciones cobradas, también la misma sed de justicia las lleva a destinar parte de ese dinero cobrado a las víctimas del terrorismo.

Mientras tanto, tenemos un Hospital de Policía en pésimas condiciones, viudas y huérfanos con pensiones paupérrimas, argollas en los ascensos y condecoraciones; es decir, militares y policías expuestos en sus derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social. Derechos humanos que les corresponden, que son inherentes por el solo hecho de ser personas. ¿Cuántas ONG de Derechos Humanos quisieran innovar el sistema y llevar casos así ante las instancias supranacionales?

Lo cierto es que la constante exposición de nuestras fuerzas armadas en procesos fenecidos debilita la institución militar y policial, le resta credibilidad y la hace vulnerable ante los enemigos del orden democrático. Y eso tampoco contribuye a consolidar la paz.

Elizabeth Zea Marquina