La representación política de las mujeres en el Perú

La representación política de las mujeres en el Perú ha recorrido un largo camino, desde la conquista del derecho al acceso universitario en 1908 con la Ley N.º 801, hasta los actuales esfuerzos legislativos por garantizar una participación igualitaria. Aunque se han logrado avances históricos importantes —como el sufragio femenino en 1955 y, más recientemente, la Ley de Paridad y Alternancia (Ley N.º 31030)—, aún persisten barreras estructurales, culturales y políticas que limitan una participación efectiva y equitativa de las mujeres en la vida pública del país.

El acceso a la educación superior fue el primer peldaño en la lucha por los derechos políticos de las mujeres. Este proceso fue acompañado por una toma de conciencia feminista que gestó liderazgos como los de María Jesús Alvarado Rivera y Magda Portal, quienes desde el activismo y la política partidaria sembraron las bases de la actual participación femenina en el ámbito político.

La aprobación del sufragio femenino en 1955 marcó un hito fundamental. Si bien su aplicación fue inicialmente limitada por criterios de alfabetización, permitió que, por primera vez en las elecciones de 1956, las mujeres participaran como electoras y candidatas, logrando así representación en el Congreso.

Ya en el siglo XXI, la lucha se ha centrado en mejorar no solo la cantidad, sino también la calidad de la representación. La Ley N.º 31030 de Paridad y Alternancia (2020) exige que las listas de candidatos estén compuestas en un 50% por mujeres, dispuestas de manera alternada con varones. En las elecciones generales de 2021, esta norma posibilitó que las mujeres alcanzaran el 37.7% del Congreso. No obstante, esa cifra aún dista del ideal de una paridad sustantiva y plena.

Uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en política es el acoso. La Ley N.º 31155, aprobada en 2021, tipifica el acoso político contra las mujeres, pero su aplicación ha sido limitada. La persistencia de estas prácticas, sobre todo a nivel subnacional, sigue siendo alarmante: en las últimas elecciones municipales y regionales de 2022, no se eligió a ninguna gobernadora regional, y apenas el 6.7% de las alcaldías fueron ocupadas por mujeres.

A nivel regional, otros países han avanzado con marcos normativos sólidos y buenas prácticas que el Perú podría tomar como referencia. Argentina cuenta con una ley de paridad que ha dado excelentes resultados. México ha implementado la “Paridad en Todo” como principio constitucional. Bolivia ha sido pionera en la lucha contra el acoso político, y Costa Rica ha consolidado paridades vertical y horizontal gracias a un Tribunal Electoral comprometido con la equidad.

En conclusión, el Perú ha dado pasos firmes en materia de representación política de las mujeres, pero los retos que persisten exigen una implementación efectiva de las leyes, una vigilancia activa de su cumplimiento, y un cambio cultural profundo que permita erradicar la violencia y promover liderazgos femeninos en todos los niveles. Solo así será posible construir una democracia verdaderamente inclusiva, con igualdad de género en el centro de su funcionamiento.