La insensibilidad social de PPK

En medio de la crisis, da prioridad a los Juegos Panamericanos

 

El flamante presidente de la Confiep, Ing. Roque Benavides, recomendó recientemente al gobierno renunciar a la organización de los Juegos Panamericanos del 2019 para atender la emergencia que viene afectando a once regiones del país, debido a la caída de huaicos y fuertes lluvias en el norte, centro y sur del Perú.

Consideramos que se trata de un sano consejo para remediar el padecimiento de más de, hasta el momento, 60,000 damnificados, cuyas viviendas y negocios se hicieron humo, al igual que los sembríos de los agricultores que, solo en el norte, experimentan pérdidas superiores a los S/. 400 millones. A ello debemos agregar los miles de kilómetros de carreteras destruidas, así como de otras obras de infraestructura, que requieren de urgente rehabilitación para evitar que el problema se agrave más.

Invertir US$ 1,200 millones en unos Juegos Panamericanos para los que no estamos preparados material ni deportivamente resulta frívolo e insensato, a pesar de que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski considere que sería una tragedia no llevarlos a cabo. Ya el año pasado, ante la posible presencia del Fenómeno de El Niño, el Perú renunció a la organización del Rally Dakar, y no pasó nada.

La terquedad presidencial resulta preocupante, no solo por el caso que comentamos, sino también por la persistencia en la ejecución de otras obras faraónicas, como el Gasoducto del Sur, la Carretera Interoceánica, la Refinería de Talara y el Aeropuerto de Chinchero. Todas estas obras están cuestionadas por las adendas que elevaron a las nubes sus presupuestos iniciales, con lo que comprometerán su pago a las generaciones venideras.

En el caso de la Carretera Interoceánica, se han firmado contratos por más de US$ 10,000 millones, con resultados vergonzosos para el país. Los informes periodísticos demuestran un uso mínimo diario, sin que aún se advierta progreso o desarrollo de los pueblos supuestamente beneficiados.

En igual situación se encuentra el Gasoducto del Sur, obra suspendida por actos de corrupción admitidos por Odebrecht, en los que están involucrados Eleodoro Mayorga (ex ministro de Energía y Minas), Nadine Heredia y Ollanta Humala, entre otros. El gobierno acaba de ejecutar una penalidad de US$ 262 millones en favor del Estado por este proyecto, mientras convoca a una nueva licitación. Lo increíble del caso es que para financiarlo no solo se comprometieron fondos del Estado, sino que se obligó a miles de usuarios a efectuar pagos extras en sus recibos de luz, recientemente anulados.

El proyecto de la Refinería de Talara, presupuestado inicialmente en US$ 1,300 millones, se ha incrementado a US$ 5,400 millones, que se financiarán —entre otro medios— con la emisión de US$ 3,000 millones en bonos, que pagaremos todos los peruanos con el aumento del precio de los combustibles por tiempo indefinido.

Por último, el Aeropuerto de Chinchero, anhelada obra del pueblo cusqueño, costará US$ 540 millones de dólares, así como la cabeza del ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, si es que no responde en forma convincente la interpelación de 82 preguntas preparadas por el Congreso.

Pretender llevar adelante y contra viento y marea estos controversiales proyectos resulta preocupante y sospechoso; más aún cuando el país requiere con urgencia que esos recursos se inviertan en obras de infraestructura para atender las grandes necesidades de los menos favorecidos, como es el caso de la seguridad ciudadana, los servicios de salud pública, educación e infraestructura productiva. Urge, además, la compra de medicamentos básicos, que hoy son de gran necesidad para atender a los miles de damnificados que se han quedado sin techo, sin abrigo y sin trabajo, por la acción inclemente de la naturaleza. Esperamos rectificaciones en el gobierno, antes que se ahogue en un mar de desaciertos.

 

Carlos Arnillas Denegri