La democracia en peligro: el papel de las universidades

A lo largo de la historia, las universidades han desempeñado un papel fundamental en la configuración y promoción de los valores democráticos. Estas instituciones, desde sus orígenes, han sido clave en la formación de ciudadanos dotados de pensamiento crítico, capaces de participar activamente en la vida política y social de sus comunidades. Su función como espacios de formación ciudadana comenzó a consolidarse en la Edad Media, con la creación de instituciones como la Universidad de Bolonia en 1088 y la Universidad de París en 1150.

En aquella época, las universidades eran controladas en gran medida por la Iglesia, pero se fueron abriendo progresivamente a la discusión de temas seculares, y fue en estas aulas donde sembraron las primeras semillas del pensamiento crítico y democrático. A pesar de que estas universidades no eran democráticas en sí mismas, empezaron a vislumbrar la posibilidad de un conocimiento que no estaría al servicio exclusivo de la religión, sino que también buscaría respuestas racionales y políticas a las problemáticas de la época.

A lo largo del siglo XX las universidades se consolidaron como espacios de resistencia frente a regímenes autoritarios, contribuyendo activamente a los procesos. Estas instituciones se convirtieron en espacios no solo de formación profesional, sino también de instrucción cívica, inculcando en los estudiantes un profundo sentido de responsabilidad social. Un momento clave en América Latina fue la Reforma Universitaria de 1918 en Argentina, que transformó el acceso a la educación superior, promoviendo principios democráticos como la autonomía académica y la participación estudiantil.

No obstante, actualmente, muchas universidades han experimentado un cambio significativo en su enfoque, priorizando la formación de profesionales altamente capacitados para el mercado laboral, a expensas de su responsabilidad histórica como forjadoras de ciudadanos informados, críticos y comprometidos. La creciente demanda del sector empresarial y los avances tecnológicos han propiciado una mercantilización de la educación superior, donde el valor de los conocimientos adquiridos se mide principalmente en términos de empleabilidad y productividad, relegando a un segundo plano la enseñanza de valores éticos, cívicos y democráticos.

Este fenómeno ha dado lugar a una concepción utilitarista de la educación superior, en la que se priorizan las competencias técnicas y especializadas sobre la reflexión crítica y la formación integral del individuo. Las universidades, al enfocarse casi exclusivamente en la capacitación profesional, han reducido su capacidad de formar ciudadanos capaces de cuestionar las estructuras sociales, participar en el debate público y asumir un rol activo en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Este déficit en la formación cívica tiene repercusiones directas en la calidad de la participación democrática, dado que muchos egresados, aunque altamente competentes en sus campos, carecen de la preparación necesaria para involucrarse de manera efectiva y reflexiva en los procesos democráticos.

En consecuencia, las universidades contemporáneas enfrentan un desafío crucial: equilibrar su misión formativa para no solo responder a las exigencias del mercado laboral, sino también para cumplir con su función histórica de educar ciudadanos comprometidos con el bien común. Esto implica rediseñar los currículos académicos para integrar de manera transversal la enseñanza de la ética, la política y la responsabilidad social, fomentando en los estudiantes una profunda comprensión de su rol como agentes de cambio en la sociedad.