Injusticia de la Justicia

Mientras los peruanos reclaman y ponen sobre la mesa los cinco problemas prioritarios que debería solucionar el actual Gobierno –la inseguridad ciudadana, la corrupción, la crisis económica y la inflación– recibimos a cambio una crisis política que no da tregua. La tranquilidad de los peruanos se ve alterada diariamente por nuevos escándalos, producidos por una corrupción que va en aumento y eventos que parecen ser orquestados por mentes maquiavélicas.

Mientras tanto, el secretario general del partido de gobierno insiste en sus afirmaciones: “El proceso de las elecciones y ganar el Gobierno es solamente un elemento que va formando el engranaje del poder, porque ganar un Gobierno, que es lo que uno hace, es solamente confiscar las instituciones del Estado.”

El escándalo del día es de otro calibre. El hasta ayer alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, fue destituido de su cargo por una expeditiva y apresurada resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que declaró en última instancia la vacancia del burgomaestre de Lima. La denuncia contra Muñoz se sustentó en la participación del destituido alcalde en cuatro sesiones de directorio de la empresa estatal Sedapal, mientras era alcalde. Habría infringido la ley al ocupar dos cargos públicos.

Cabe anotar que el dinero producto de las dietas como director fue devuelto a la empresa estatal meses atrás. Por lo tanto, ocupaba dos cargos públicos pero cobraba por uno solo. Entonces trabajó gratis para Sedapal.

Pero esta historia comienza tiempo atrás. En enero de 2019 asumió el cargo de alcalde de San Juan de Lurigancho Alex Gonzales Castillo, por el partido Podemos Perú. Desde 1986 Gonzales había incursionado en la política, tentando varios cargos públicos y puestos con diferentes partidos: Apra, Armonía Ferempol (de Susana Higuchi), Perú Posible, Lima Siempre Unidos, Cambio Radical, Democracia Directa y Fuerza Popular. Nunca tuvo éxito, salvo en la última postulación: una victoria que fue motivo de sorpresa para muchos. 

En septiembre del mismo año, el distrito de San Juan de Lurigancho sufrió las consecuencias de un prolongado corte del servicio de agua, causado por el colapso de una tubería del colector de aguas servidas Canto Grande. Ello produjo inundaciones, además del desabastecimiento de agua, problema en el cual la alcaldía de Lima intervino directamente, suministrando agua potable a las familias afectadas por el aniego. La intervención activa de la Alcaldía de Lima, en aras de solucionar los problemas, motivó a los funcionarios de Sedapal a invitar al alcalde Muñoz a participar en sus directorios.

Poco tiempo después, el mismo alcalde Gonzales, actual candidato a la Alcaldía de Lima, quien había formado su propio partido político, denominado Demócrata Verde, invitó al ciudadano Carlos Hinostroza Rodríguez a participar en su agrupación, ofreciéndole una alcaldía distrital. Y es justamente Hinostroza quien ha acusado al alcalde Muñoz por haber infringido el artículo 22° del numeral 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Inicialmente el Concejo Municipal de Lima rechazó el pedido de destitución del alcalde en noviembre del 2021; y tras la apelación de Hinostroza ante el JNE contra este acuerdo del Concejo, el JNE –en un breve plazo– decidió aceptar su pedido. 

Cabe recordar que en febrero de este año, por una serie de denuncias y reclamos al cuestionado alcalde de San Juan de Lurigancho, el Ministerio Público  inició una investigación contra Edgar Tello, congresista de Perú Libre, por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, al haber intercedido ante el alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzales Castillo, en un concurso público que involucra una licitación de la Municipalidad por más de S/ 15 millones. El caso aún se encuentra en fase de investigación, pero pone en evidencia la relación de Gonzales con Perú Libre.

Lo que resulta incomprensible es la celeridad del JNE para vacar al alcalde del municipio más grande del Perú, durante un periodo de crisis e inestabilidad política, a solo ocho meses de culminar su mandato, y acusándolo por trabajar ad honorem para una empresa estatal. Los cuantiosos y escandalosos juicios por corrupción de funcionarios y autoridades del Gobierno no prosperan, pero el JNE –que parece actuar como fiel aliado del Gobierno– decide y promulga, en un breve plazo, una vacancia que ha motivado la preocupación nacional e internacional.

Me pregunto: ¿por qué no se actuó con la misma celeridad en el caso de Dina Boluarte, quien ocupó dos cargos públicos paralelamente? ¿Por qué Dina Boluarte ha decidido renunciar a su cargo en la Reniec justamente esta semana? Queda una vez más en evidencia que el magistrado Salas Arenas es quien debería ser destituido, esta vez por algo que llamaremos ¿falta de criterio?