Impulso a la inversión

Milton Friedman señalaba que “debe distinguirse claramente entre ser promercado y proempresa”, deslizando que lo segundo arremete contra lo primero si no se fomenta la competencia. Una premisa que en el Perú, con 99% del universo empresarial siendo mypes, debe entenderse como eliminar trabas y regulaciones, así como potenciar la deficiente infraestructura, que obstaculiza el crecimiento y la formalización empresarial. 

Según un estudio del Banco Mundial, sobre la base de 172 países y los indicadores del Doing Business (DB), cada reforma prodesregulación, en promedio, puede estar asociada a un incremento anual de 0.15 puntos porcentuales (pp) en el PIB. Por otro lado, según un reciente estudio del BID, en el que se plantean niveles de inversión en infraestructura de 5%-6% anual del PIB, esta propuesta impulsaría el crecimiento por año en 1.4 pp adicionales. En suma, el Perú podría añadirle dos o tres pp a su crecimiento optimizando ambos fundamentos, tramitología e infraestructura, con una agenda integral de impulso a la inversión, esencial además para elevar la productividad y competitividad de la economía. Sugerimos cinco acciones para el gobierno entrante. Profundicemos. 

La primera es la simplificación administrativa, tomando el modelo australiano de benchmark. Debe iniciarse una auditoría de regulaciones existentes, cuantificando el detrimento sobre la actividad económica e identificando actores medulares, para establecer metas y compromisos periódicos. No es necesario inventar la rueda, pueden tomarse de base los 10 indicadores del DB, además ejecutando transversalmente un proceso agresivo de digitalización, característica común de los que lideran dicho ranking. 

Segundo, el accionamiento y resolución de proyectos mineros. La proyección de inversiones para el período 2020-25, de US$ 12,307 millones, debe ejecutarse plenamente. Conseguirlo dependerá del destrabe de trámites burocráticos y dinamización del fondo de adelanto social para destinarse a infraestructura básica en zonas de conflictividad social. Asimismo, deben retomarse los proyectos paralizados, que según el BCR suman cerca de US$ 25,000 millones. Es un despropósito debilitar al sector que tiene la ayor ventaja competitiva, mellando vasos comunicantes con la manufactura no primaria y servicios, los más golpeados en pandemia, además en un contexto en el cual el precio del cobre registra máximos históricos con soporte estructural de mediano plazo. 

Tercero, activar un fast track para los proyectos comprendidos en el PNIC, que no implique excluir etapas críticas sino identificar aquellas que pueden hacerse en simultáneo, a más de empoderar a la entidad que conduzca el proceso. Bajo este esquema puede establecerse un hito de inicio de obra que no supere el segundo año de gobierno, factible pues poco menos de la mitad está en fase de ejecución. 

Cuarto, durante los primeros cien días sugerimos priorizar un nuevo pool de proyectos, centrado en conectividad básica, agua y saneamiento, así como educación y salud, que complemente al PNIC y permita continuar alimentando el interés del mercado. Este debe ejecutarse bajo el esquema de PMO sectorial, encargado de planear, formular y empaquetar proyectos, así como de optimizar, con criterio cuantitativo de valor por dinero, la selección y combinación de mecanismos de estructuración, caso APP, obra pública, G2G o híbrido.

Finalmente, agilizar in praxi el sistema de inversión en infraestructura, aterrizando la mayor flexibilidad para acelerar autorizaciones sectoriales (ambientales, de cultura, municipales), liberación de interferencias y saneamiento de predios.