Evitar la convalidación del fraude

Mientras el Colegio de Ingenieros del Perú, la última palabra en cuestiones técnicas, detecta “deficiencias técnicas en el conteo digital de votos de la ONPE” después de las recientes Elecciones Generales, e importantes gremios empresariales –Cámara de Comercio de Lima, mypes, asociaciones de comerciantes–, exautoridades de alto nivel y numerosos personajes populares piden contratar una firma internacional para auditar los sistemas de la ONPE, Jorge Zapata, presidente de la Confiep, declara no haber evidencias de fraude, de robo descarado de votos.  

Para el suscrito, las inversiones responsables y respetuosas de los valores libertarios y democráticos deben amarrarse los pantalones, porque no están al margen de la realidad ni del deber moral de responder a los impactos sociales. Las gerencias modernas no pueden dejar desprotegidas a la población, a sus clientes, a la razón de sus riquezas. En este contexto, de ánimos caldeados por el cuestionable desenvolvimiento de las autoridades electorales, las reacciones inmediatas y efectivas de los liderazgos contribuyen a mirar un derrotero. 

Siempre existirá un empresariado mercantilista que pacta privilegios estatales, dispuesto a negociar con quienes tienen planes específicos de destrucción de la propiedad privada, la competencia y el libre mercado. Mientras las multitudes se manifestaban contra la fraudulenta elección hay quienes planean exportar su capital y salir del país si es tomado mediante fraude electoral.  

No obstante, no todo está dicho. Crece la oposición contra las autoridades electorales, el cerco contra ellos se estrecha y no hay posibilidades de voltear la página. El fraude es cada vez mejor explicado y entendido. Las pruebas existen y son incontrastables. Las actas de la serie 900,000 sirvieron para manipular la elección. Por ejemplo, la tendencia migratoria de la población, de ir de la selva hacia la sierra y de la sierra hacia la costa es evaluada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Sin embargo, por las actas de la serie 900,000 los poblados alejados crecen y los votos fueron direccionados a Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. El patrón del 2021 se repitió. Es más, esas actas hasta fueron digitadas antes y poco después de la votación. ¿Cómo hicieron en la ONPE si físicamente esas actas llegaron a Lima mucho después?

Hurgando distrito por distrito se demuestra que el ausentismo en la reciente elección no es histórico sino consecuencia de un deliberado acto de impedir el voto ciudadano. Los expertos aseguran que cualquier movimiento cibernético deja huella y ellos hallaron esas huellas. 

Mientras las mayorías rechazan los resultados electorales y piden anular las elecciones, Fujimori y Sánchez reinician sus actividades proselitistas como si nada sucediera, como si no les importara un Perú podrido por la corrupción. Si todo sigue como está, quien “gane” la elección será declarado presidente ilegítimamente, y su gobierno será débil y se repetirá la pesadilla provocada por la elección fraudulenta de Castillo. 

Se espera que el JNE actúe conforme a ley y a conciencia de sus miembros; se espera que permita una auditoría imparcial e internacional de todo el proceso, y no otra “junta de notables” destinada a convalidar el daño ocasionado al país. 

No se trata de un capricho, de defender a un candidato o de tirria al opositor. Se trata de limpiar la casa cueste lo que cueste. Los plazos y las normas pueden esperar por el bien del país. Esta es la oportunidad. La perseverancia ciudadana tendrá que ser indesmayable y dar batalla hasta el final.