En defensa del Perú contra el mercantilismo lobbista

Presidente Kuczynski está al borde de la vergüenza más abyecta

Lo que se vive hoy en el Perú está a punto de convertirse en una crisis político-moral terminal. No hay tregua del entorno presidencial consigo mismo. Es casi un suicidio político colectivo. Son muchas cosas y todas al mismo tiempo. Entre las más terribles y nauseabundas: 1) La impunidad de Toledo protegido por el Poder Ejecutivo, que no cumple mínimamente lo que le corresponde en el trámite de extradición; 2) La pasividad general con el tema de la megacorrupción socialista del Foro de Sao Paulo, su brazo financiero Odebrecht y el caso Lava Jato; 3) El fraude de Kuntur Wasi-Chinchero, los lobbistas amigotes del presidente y el linchamiento mediático del contralor.

En cualquier circunstancia similar, habría renuncias y crisis ministerial. Lo que ahora hay es atornillamiento en los ministerios y crisis del gobierno, con el presidente Kuczynski jugando el penoso papel de marioneta, cuando no de cómplice de los poderes fácticos. Lo que está pasando con el contralor podría darnos una pista de por qué el Ministerio Público no cumple con su labor en el caso Lava Jato. ¿Acaso el chantaje y la extorsión que a todas luces ha tratado de perpetrarse contra el contralor se habrán instalado también contra prominentes miembros del Ministerio Público? Cuando estas prácticas mafiosas se entronizan en lo más alto del poder sucede que lo que no se sabe suele ser lo más grave, porque el chantaje y la extorsión surtieron efecto. Ni qué decir del vergonzoso blindaje del juez San Martín, quien debe ser investigado —entre muchas otras cosas— por su “ingenuo” rol en el caso Madre Mía, los testigos falsos y el blindaje al asesino serial que ocupó el sillón presidencial.

El contralor puede y debe ser investigado por los temas que hoy —qué cosa tan rara— se agitan mediáticamente, justo después de su informe negativo respecto de Kuntur Wasi-Chinchero. Pero estos hechos no solo se conocían desde hace mucho tiempo, sino que el mismísimo PPK los desestimó en el momento de la elección del contralor en el Congreso del corrupto humalismo, con apoyo de PPK y de los coloides de Acción Popular. Pero hay un tema de fondo: estamos en una economía de mercado y es absurdo que subsistan prohibiciones tales como que funcionarios públicos de alto nivel no puedan desarrollar actividades “lucrativas” (véase las comillas) que no afectan real ni potencialmente sus funciones. Si existe una prohibición como esa, el salario de ese funcionario debe ser inmensamente alto, pues se le estaría prohibiendo desarrollar actividades que le permitirían lucrar legítimamente, como hace todo ciudadano.

Así, los altos funcionarios públicos terminarían siendo ciudadanos de segunda clase, que estarían hasta prohibidos de vender un terreno de su propiedad obteniendo legítimo beneficio entre el precio de compra tiempo atrás y precio de venta a tiempo presente, con revalorización de la propiedad inmobiliaria. Aquí no tiene ningún sentido sostener la leguleya frase “la ley lo prohíbe”. Es absurdo. Otro tema es el lavado de activos detrás de la compra de autos siniestrados, su reparación y reventa. Llama la atención ahora que se cayó el tema de la actividad misma de los “fierros”, pretenda sacarse de la chistera lo de “lavado de activos”. Con esa acusación podría perseguirse a quien queramos, someterlo a una investigación larguísima y luego no concluir en nada. Pero el perjuicio ya se ha provocado.

Mientras tanto, resulta todo un escándalo el audio en el que el ministro Thorne intenta extorsionar al contralor para intercambiar trato amable en tema Kuntur Wasi-Chinchero, con una partida presupuestaria pendiente a favor de la Contraloría, siguiendo órdenes directas del presidente. Ni qué decir de la revelación de que el mismo PPK sabía que el contrato Kuntur Wasi-Chinchero era lesivo para el país en un tiempo tan lejano como el periodo electoral. Una vez en el gobierno, en lugar de anularlo e incluso acusar a quienes perpetraron ese contrato fraudulento, trató de “salvar” el contrato con una adenda. La sorpresa no puede ser mayor cuando la gerente general de Kuntur-Wasi es hermana del primer ministro Fernando Zavala. Muchas amistades cercanas del presidente trabajan defendiendo los intereses de Kuntur-Wasi; incluso uno de sus accionistas es Sebastián Piñera, no solo amigo del presidente PPK, sino su socio desde hace mucho tiempo en diversas inversiones internacionales.

Por mucho menos que esto hay gente presa y perseguida en el Perú. Es que no forman parte de “la gentita”. Los poderes fácticos, desde el control de medios, aplican la estrategia de “la mejor defensa es el ataque” y tratan de demoler al contralor, a quien sindican como el “aguafiestas” que impidió la culminación de un oprobioso y lesivo contrato contra el Perú. Pero todos sabemos que la mejor defensa siempre será la verdad, tan ajena a sus biografías y conciencias. Ellos informan que “El Comercio presentará graves acusaciones contra el contralor”. Pero la noticia debería decir: “El Comercio, uno de cuyos principales accionistas es socio en millonarios y corruptos contratos con Odebrecht, presentará graves acusaciones contra el contralor”. Otra información incluye una columna de opinión en El Comercio y se promociona: “José Ugaz pide renuncia de contralor”. La noticia debería ser: “José Ugaz, abogado de Odebrecht en procesos en los que la corrupta empresa brasileña ganó millonarias conciliaciones contra el Estado peruano, pide renuncia de contralor”. En todo este cambalache, la oposición fujimorista en el Congreso es más “agua tibia” que nunca.

Darío Enríquez