El problema son las instituciones

La corrupción es endémica, está en todos los sectores y niveles

Estamos al inicio de una megainvestigación por corrupción que involucra a tres gobiernos democráticos sucesivos y a buena parte de la elite política y empresarial peruana. El impacto que ello tiene en los ciudadanos y en la confianza de estos en el Estado es importante. Y lo es más cuando el gobierno no ha logrado reactivar la economía, y el tan esperado crecimiento de 4% no se ve ni remotamente cercano.

De acuerdo a las recientes proyecciones económicas de Apoyo Consultoría, si el crecimiento del sector minero se mantiene llegaríamos con suerte a crecer a 3.3%. Ello como consecuencia de la inercia que dejó el gobierno anterior y el ajuste fiscal del nuevo gobierno, que retrajo la inversión pública en 24% en un solo trimestre. No obstante, si el impacto de la crisis política producida por el escándalo de corrupción del caso Lava Jato impide la reactivación de la economía y constriñe el interés de los actores económicos, el crecimiento podría llegar solo a 2.5%.

Tal como sostuvo Roberto Abusada (El Comercio, 21.2.17) “Aceptar una tasa de 3% o aún menor, como algunos auguran, es aceptar que los 300,000 jóvenes que ingresarán este año a la fuerza laboral no encontrarán empleo decente, que el nivel de pobreza no disminuirá ni un ápice y que millones de peruanos acumularán para los años siguientes miseria y precariedad económica”. Y ello es peligroso.

Nada indispone más a los ciudadanos frente al Estado que una economía débil. Dejemos por un momento Lima y trasladémonos al interior del país, donde en el mejor de los casos la presencia del Estado es débil. En los pueblos y comunidades los gobiernos locales no son entendidos como Estado. Para ellos el Estado es el gobierno central, ese lejano Poder Ejecutivo que aparece de vez en cuando trayendo infraestructura y servicios, pero sobre todo promesas, y que no es capaz de satisfacer las necesidades de los ciudadanos.  ¿Cómo se puede confiar en un Estado que no brinda los servicios que la población necesita y  cuyas autoridades se llenan los bolsillos a costa de todos nosotros?  ¿Cómo se les explica a los padres de familia que mientras solo 41% de los colegios públicos a nivel nacional y el 24% de los colegios a nivel rural tiene servicios básicos (luz, agua y saneamiento), el ex presidente Toledo pedía US$35 millones a cambio de la Interoceánica?  ¿Qué hacemos con el 61% de los peruanos que viven en pobreza y que no tienen acceso a redes de saneamiento?  Ello cuando en los últimos cinco años se invirtieron S/. 25,000 millones en proyectos de agua y saneamiento que hoy no funcionan, ya sea porque se paralizaron o porque están deteriorados por falta de operación y mantenimiento. ¿Cuánto de ese dinero fue a parar a los bolsillos de malos funcionarios públicos?

La corrupción en el Perú es endémica, está en todos los sectores y en todos los niveles y afecta el día a día de todos los peruanos. Pero los peruanos no somos corruptos per se. Son nuestras instituciones las que generan incentivos perversos y facilitan la corrupción. Es la impunidad, la falta de autoridad. Necesitamos una reforma estructural que lleve a encarecer la corrupción a tal punto que ya no sea rentable. Y para ello la transparencia, la rendición de cuentas y las sanciones (penales y sociales) a los responsables de corrupción son claves, junto con el liderazgo del gobierno. Hemos vuelto a tocar fondo, como hace 17 años. Esta vez construyamos buenas instituciones, abiertas, inclusivas donde no importe quién sea  el corrupto, su partido, ni la empresa de la cual sea dueño.

María Cecilia Villegas