El mundo al revés

Han transcurrido quince meses del actual Gobierno y las cosas en el país van de mal en peor, no solo en el aspecto económico, social y político —lo cual es desmoralizante— sino también en lo que respecta a la administración de justicia. Desde el Tribunal Constitucional hasta el más modesto de los Juzgados del país, vienen dando muestras de negligencia, incompetencia y en muchos casos de inmoralidad en resoluciones que causan desconcierto en la opinión pública.

El Tribunal Constitucional, responsable de velar por la correcta aplicación de la justicia, ha desconocido el punto de vista jurídico y el voto de uno de sus más connotados ex miembros, el Dr. Juan Vergara Gotelli, ordenando la reapertura del juicio contra 35 ex marinos sentenciados en 1986 por la muerte de 135 reos del penal El Frontón, cuando este caso ya era cosa juzgada. Lo grave es que se apela a la figura jurídica de “delito de lesa humanidad”, que aparece recién en la legislación internacional en el 2002; es decir, 16 años después que los marinos fueron sentenciados a 25 y 30 años de prisión. Es necesario precisar, que el accionar jurídico no puede ser retroactivo y que, como sostiene el reconocido constitucionalista Aníbal Quiroga, “nadie puede ser perseguido por lo que no es delito en el territorio nacional o lo es posteriormente al hecho ocurrido”.

Paralelamente, hemos sido testigos de que terroristas como Martha Huatay y otros tantos, han sido o vienen siendo liberados, sin que se les haya aplicado la figura del “delito de lesa humanidad”, el que sí ha sido válido para Alberto Fujimori y los 35 ex marinos; al contrario, estos terroristas se han visto beneficiados con la reducción de sus penas. Así estamos en el Perú, cárcel y agonía eterna para los que lucharon contra el terrorismo, y sanciones benignas para quienes destruyeron el país. Estamos en el “mundo al revés”.

Las cosas en el Ministerio Público y el Poder Judicial tampoco han mejorado, ya que la negligencia, incompetencia y corrupción en la aplicación de sus fallos son pan de cada día. Hace casi un año se liberó a los 29 integrantes de la banda los “Monos de Quepepampa”, dedicada al sicariato, extorsión, secuestros y robo agravado. Y el juez que les abrió la cárcel, Ismael Orozco Huayaney, en lugar de ser sancionado fue reubicado en un juzgado de mayor nivel en Villa El Salvador.

Situación similar se presentó con la puesta en libertad del gobernador del Callao, Félix Moreno, quien —como hemos visto en un programa dominical— continúa con su accionar delictivo en el primer puerto de la República. Los ejemplos se repiten por millares y ninguna autoridad responsable hace nada por mejorar las leyes, ni acabar con tanta inmoralidad cometida en nombre de una justicia que no existe en el Perú.

Consideramos que ha llegado el momento en que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso, en nombre del pueblo que los eligió, tomen al toro por las astas e inicien una verdadera “reforma judicial” que garantice la correcta administración de justicia y que acabe con las autonomías que en forma unilateral vienen creando algunos magistrados en el Perú, sin que nadie pueda cuestionar sus fallos ni su conducta, así estos sean aberrantes.

Esta reforma debe abarcar también al Consejo Nacional de la Magistratura, que es la entidad que designa a los jueces y fiscales, cuyo accionar actual, lamentablemente, deja mucho que desear, debido a la falta de idoneidad jurídica de la mayoría de sus integrantes.

Los Organismos de Control de la Magistratura (OCMA), no deberían estar en manos del Poder Judicial ni del Ministerio Público, ya que no pueden ser juez y parte. Esta entidad debería integrarse al Consejo Nacional de la Magistratura, para preservar su independencia y actuar con severidad contra los malos jueces y fiscales. Los cambios en la legislación se encuentran en la cancha de la mayoría parlamentaria. El Perú no puede esperar más.

Carlos Arnillas Denegri