El mensaje presidencial y el retorno al aseguramiento humalista

 

El sector Salud ha merecido un reducido espacio en el mensaje presidencial; sin logros, pero con detalle administrativo de algunas líneas de acción que el gobierno pretende retomar del período humalista. No ha resaltado ninguna propuesta en marcha de su propia gestión, ni menos alguna nueva para el corto o el mediano plazo.

El inicio del gobierno de PPK, representó un cambio sobre la base del consenso “Los objetivos de la Reforma de Salud” del Foro del Acuerdo Nacional del 2015, y se plasmó en una orientación estratégica distinta, sobre la base de la Seguridad Social Universal en Salud. El consenso del Foro del Acuerdo Nacional no contiene mención alguna al Aseguramiento Universal. Más aún, resalta que “la salud y la seguridad social son derechos fundamentales para el desarrollo humano y la igualdad de oportunidades”.

En el mensaje, el presidente señala que “a diez años de la promulgación de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, tenemos casi cuatro millones de personas sin ningún tipo de cobertura de salud. Mi Gobierno ha dispuesto el Acceso Universal en Salud, para todos los peruanos y peruanas”. Esta frase se inscribe dentro de la agenda del lustro humalista, y echa por la borda los logros del presente Gobierno. Además, ha revivido la propuesta de intermediación financiera y mercantilismo.

El mensaje no ha considerado el proceso de desburocratización de los años 2016-2017, que significó la desactivación del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, las Disas, las Redes y Microrredes de Salud en Lima Metropolitana, que eran el brazo prestador del aseguramiento universal en salud. Tampoco, ha considerado las deudas acumuladas por el Seguro Integral de Salud a los hospitales y centros de salud públicos (S/ 1,100 millones) a los establecimientos privados, (casi S/ 200 millones) y a los proveedores privados (S/ 800 millones); es decir, cerca de S/ 2,500 millones que el SIS acumuló desde que distorsionó sus fundamentos al promulgarse la Ley Marco de Aseguramiento en Salud (Ley N° 29344).

El mensaje no ha tomado en cuenta el enorme esfuerzo de este Gobierno para pagar esa deuda, para sanear el Seguro Integral de Salud, para lograr —como señala el consenso del Foro del Acuerdo Nacional— “fortalecer el Seguro Integral de Salud como seguro público para avanzar hacia la seguridad social universal en salud” e “incrementar su financiamiento de manera significativa e irreversible”.

Además, el mensaje ha pasado por alto, el más grande escándalo mediático de corrupción del sector salud, ocurrido en el Seguro Integral de Salud, que obligó a una reestructuración de esta institución y, sobre todo, al cambio de la orientación estratégica, acorde con los nuevos consensos y con las necesidades de la población. El enorme esfuerzo en el proceso de desburocratización, el pago de las deudas heredadas, la solución de los escándalos de corrupción y los consensos políticos logrados en el 2015, para salir de la crisis creada por el aseguramiento mercantilista, no han sido suficientes para persuadir al presidente para no retornar a la política del humalismo en salud. 

Desde la década de los años treinta del siglo pasado, nuestro país ha reconocido el derecho a la salud y la seguridad social. La creación del seguro social obrero y del empleado marcaron esa pauta. El derecho a la salud y a la seguridad social se ha consolidado en el ordenamiento jurídico de nuestro país. La cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política de 1993, señala que “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”. No existe el derecho humano al aseguramiento y menos a la intermediación financiera de los derechos humanos. 

El fortalecimiento del Seguro Integral de Salud, implica convertirlo en un seguro social pleno, al amparo de los artículos 11 y 12 de la Constitución Política del Estado. Para dicho fin es necesario resolver la contradicción entre el Decreto Legislativo 1158, que señala que es un sistema previsional, y derogar el Decreto Supremo 058-2011-PCM, que mantiene al SIS como un Organismo Público Especializado que funciona como un fondo financiero adscrito al Minsa. La superación de esta contradicción no está en la agenda de la política del aseguramiento mercantilista porque, de facto, el SIS ya funciona solo como fondo financiero y no como un sistema de seguridad social en salud. 

El fortalecimiento del Seguro Integral de Salud como un seguro social pleno que afilie a los cuatro millones de peruanos que aún no poseen atención médica y el incremento del financiamiento y la oferta de servicios de salud son los mayores retos. El presidente ha planteado agregar cuatro millones de nuevos afiliados al Seguro Integral de Salud y retomar la ruta del aseguramiento mercantilista. Es una contradicción. La mala experiencia del gobierno humalista así lo evidencia.