El mal menor

El título de este artículo remite al libro de Michael Ignatieff, en el que analiza la ética política en una era marcada por el terror. Allí examina las medidas adoptadas por las democracias liberales para defenderse tras los atentados del 11 de septiembre. El punto de partida es claro: la vida política debería estar libre de violencia. Sin embargo, para derrotar al terrorismo, los Estados recurren inevitablemente a la violencia y, en ocasiones, a la coacción, el engaño, el secreto y la violación de derechos. La pregunta central es incómoda pero necesaria: ¿cómo pueden las democracias apelar a estos medios sin destruir los valores que dicen proteger?

Este dilema vuelve a aparecer a raíz del Decreto Supremo 002-2026-MTC, publicado el 15 de enero, que prohíbe la circulación de dos personas en una motocicleta en las zonas de emergencia de Lima y Callao. La medida ha generado protestas, pues se sostiene que vulnera la libertad de tránsito, un derecho fundamental que entra en tensión directa con otro igualmente esencial: el derecho a la seguridad de la población.

Ignatieff se pregunta si es posible justificar la suspensión de derechos durante los estados de emergencia, cuando se requieren acciones rápidas para contener una ola criminal desbordada. En el caso peruano, las alternativas parecen limitadas. ¿No se trata, acaso, de defender la libertad de trabajar y el derecho a la vida? En un contexto de emergencia y criminalidad fuera de control, la eficacia de estas medidas debe evaluarse por sus consecuencias. Si logran reducir la extorsión y el sicariato, su aplicación habrá sido correcta, y se habrá priorizado la lucha contra el crimen por encima de restricciones puntuales a los derechos de los motociclistas.

Ignatieff sostiene que, en situaciones de emergencia criminal o terrorista, no pueden imponerse de manera absoluta ni los derechos ni la necesidad. Recuerda, además, que una Constitución no es un pacto de suicidio y que los derechos no pueden limitar la autoridad del Estado hasta volverla incapaz de actuar con firmeza. El dilema del mal menor es un juicio cotidiano, no solo en la política, sino también en muchas decisiones personales. Como señala el propio autor, cuando estamos convencidos de que una medida coactiva es realmente el último recurso, justificada por los hechos hasta donde podemos entenderlos, habremos elegido el mal menor, porque no existe una opción pura o angelical.

Este razonamiento se proyecta también al plano internacional. ¿Fue la llamada “Operación Resolución Absoluta” un atentado contra la soberanía de un país? ¿Cuál fue la base moral que justificó la decisión de Donald Trump de capturar al narcoterrorista Maduro en territorio venezolano, pese a las protestas de la izquierda internacional? Ignatieff ofrece una respuesta contundente: o utilizamos el mal para luchar contra el mal, o sucumbimos. Si recurrimos al mal menor, debemos hacerlo con plena conciencia de que hay un mal involucrado, bajo un estado de necesidad demostrable, eligiendo esos medios solo como último recurso y, finalmente, justificando públicamente nuestras acciones ante los ciudadanos, sometiéndonos a su juicio y corrección.

El desafío que enfrentamos como sociedad es, ante todo, la criminalidad. El Perú vive un desborde de violencia en el que la minería ilegal ha superado a la legal, creando zonas liberadas donde rige la ley del más fuerte. La paralización de proyectos como Conga, durante el gobierno de Humala, entregó amplios territorios a miles de mineros informales. El resultado ha sido riqueza sin impuestos, sin canon y sin desarrollo. Cajamarca, pese a su potencial, se ha convertido en una de las regiones más pobres del país, con una actividad minera informal que envenena el agua y la tierra con mercurio. Un Estado que pierde el principio de autoridad queda incapacitado para defender la propiedad privada y se acerca peligrosamente a la condición de Estado fallido.

Hoy el problema es de una magnitud enorme. Millones de personas reclaman derechos sobre la propiedad ajena y han consolidado verdaderas zonas liberadas, amparadas y protegidas por mafias nacionales e internacionales. Frente a este escenario, la pregunta es inevitable: ¿no es el mal menor restablecer la autoridad, endurecer las penas y proteger la propiedad privada? ¿O el mal mayor es ceder ante los intereses de una izquierda mercantilista y corrupta y convertirnos en una república bananera?