J. Eduardo Ponce Vivanco
El Derecho debe prevalecer en las Cortes de Justicia
Claridad en la CIJ y confusión en la CIDH
La sentencia de La Haya sobre la demanda de Bolivia contra Chile fue un homenaje a la seguridad jurídica y la predictibilidad en que todo sistema de justicia debe sustentarse, en el respeto a los tratados internacionales que comprometen la voluntad de las Partes. Los tratados son la primera de las fuentes del Derecho Internacional según el artículo 38.1.a del Estatuto de la CIJ.
Debería ser igual en el sistema jurídico hemisférico donde rige la Convención Interamericana de Derechos Humanos, un tratado internacional donde la voluntad de las Partes consta en el texto acordado. Sin embargo, lo que prima en la Corte Interamericana de DD.HH. no son las normas expresas de la Convención sino la doctrina del “control de la convencionalidad” que los jueces elaboraron más de dos décadas después que dicho tratado entró en vigor. Es una doctrina que no fue propuesta a las Partes Contratantes para incorporarla en una norma de la Convención. Y es un caso único porque no se da siquiera en las cortes europeas de DDHH con sede en Luxemburgo y Estrasburgo.
Por motivos insondables, nuestros Estados aceptan esa transgresión y aplican el “control de la convencionalidad” para que la jurisprudencia de sus tribunales se ajuste a la jurisprudencia interamericana, relegando las constituciones nacionales y sus instancias de control constitucional a un plano subalterno. Es una cesión (informal) de la soberanía nacional que la Constitución encarna, y que el Congreso la República no aprobaría. Si la sentencia judicial que anula el indulto al Presidente Fujimori se dicta en base a la doctrina del “control de la convencionalidad” de la Corte IDH ¿no corresponde acaso cuestionar la validez de la sentencia judicial que se dicta sobre esa base?*
Es notoria pues, la diferencia: claridad en la CIJ, el tribunal de justicia más alto de las NNUU; y confusión en el sistema interamericano de DDHH. Un ejemplo de lo primero es el rigor jurídico de la sentencia de La Haya en el caso Bolivia-Chile porque su nitidez al reconocer los derechos de las Partes puede permitir que fluya la cooperación entre ellas sin el condicionamiento de la soberanía marítima impuesta por Evo Morales.
La relación económica boliviano-chilena es mucho mayor que la de Bolivia con Perú. La mejor prueba está en las minutas de las conversaciones que sostuvieron mientras litigaban en La Haya. Hace poco fueron publicadas por La Tercera (latercera.com/reportajes/noticia/las-minutas-secretas-del.../303147/). Vale la pena que sean evaluadas especialmente por nuestro Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que no debería multiplicar alegremente la infraestructura - siempre subutilizada - que el Perú pone a disposición de Bolivia. Corren proyectos faraónicos como nuestra participación en el tren bioceánico que Evo promueve con el apoyo de Moquegua y sus hijos predilectos.
El peligro es que Chile y Perú inicien una competencia onerosa para complacer al vecino altiplánico, sin tener presente que el enfoque eficiente sería complementar la infraestructura y servicios de los tres países para optimizar su aprovechamiento en beneficio de todos ellos, y organizar un sistema logístico integrado. Dada la naturaleza de la problemática planteada, podríamos aprovechar la experiencia ganada por la CAF y el BID en este campo, solicitándoles un estudio, una propuesta financiera favorable, y su eventual participación en la gestión de ese sistema integrado de servicios e infraestructura. Sería un paso en el camino que propuse en un artículo anterior sobre el Gran Sur al que debemos aspirar (http://elmontonero.pe/columnas/el-gran-sur-un-plan-de-futuro).
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