El calvario de los peajes

Los peajes de Lima, administrados por las concesionarias Línea Amarilla y Rutas de Lima, se han convertido hoy en un verdadero calvario para automovilistas y transportistas. Eso se debe a un errado cálculo en el incremento de las tarifas —el quinto para el caso de Lamsac y el tercero para Rutas de Lima— que ha puesto el costo de nuestros peajes por encima de los que rigen en los países de la región.

Esta situación, que de por sí ya es un escándalo, se ve agudizada por un pésimo sistema de cobranza. Nos toma diez minutos, en promedio, pasarlo. Y debido al incremento de la temperatura, se ha convertido en un verdadero martirio, ya no solo para las motores de los vehículos, sino para los mismos automovilistas, transportistas y pasajeros.

Es pertinente recordar que la Municipalidad Metropolitana de Lima venía administrando eficientemente, a través de EMAPE, los peajes hasta el año 2009, cuando decidió concesionarlos por 30 años a la brasileña Odebrecht Latinvest, para asegurar inversiones durante el segundo periodo de Castañeda. La segunda concesión se entregó durante el 2013 en la gestión de Susana Villarán, a la brasileña OAS, también miembro del Club de la Construcción, inicialmente por 30 años, se extendió luego a 40 años sin una justificación técnica.

Y es que estas dos concesiones forman parte del mayor caso de corrupción de nuestra etapa republicana, el caso Lava Jato, donde se ha demostrado la participación de funcionarios de la administración Villarán en actos dolosos con OAS y Odebrecht. Por otro lado, existen grandes nubarrones en la concesionaria “Rutas de Lima”, originados cuando —contra viento y marea— decidieron implementar el peaje de Puente Piedra, que dio motivo a una movilización social y que actualmente se encuentra en proceso de arbitraje.

Esta semana nos enteramos que Domingo Arzubialde Galarreta, ex gerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, acaba de ser declarado culpable, en el Poder Judicial, por el delito de “Negociación incompatible”, con una pena de prisión suspendida de cuatro años y el pago de una reparación civil de S/ 100,000, por haber aplicado indebidamente la fórmula contemplada en el contrato, elevando el costo del peaje de Lamsac a S/ 5.70, y con ello causar un perjuicio económico al Estado por más de S/ 10 millones. Esta situación nos debe alertar, ya que hasta la fecha esta concesionaria, tercero civilmente responsable en este caso, ha incrementado hasta en cinco oportunidades el costo del peaje. La otra concesionaria, “Rutas de Lima”, lo ha hecho hasta en tres oportunidades, llegando actualmente a un precio de S/ 5.50 el peaje.

Lo curioso de la situación es que, pese a las contundentes pruebas de corrupción que se han presentado en torno a este sonado caso, parece no interesar al equipo especial de la Fiscalía de la Nación, a cargo del caso Lava Jato, ya que la investigación de dichas concesiones no ha sido comprendida en el pre acuerdo de colaboración con Odebrecht. Mientras tanto, los sufridos automovilistas y transportistas nos vemos obligados a utilizar estas vías, cargando con el pago de excesivas tarifas en los peajes, lo cual afecta tremendamente la alicaída economía familiar.

Ante esta situación exigimos a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, disponga las acciones pertinentes a fin de incluir las concesiones de los peajes de Lima, en el acuerdo de colaboración a firmarse próximamente con Odebrecht y la Procuraduría, ya que los hechos demuestran la existencia de actos de corrupción en torno a ellos. Pedimos, asimismo, que solicite a los órganos de control interno de la Fiscalía una investigación de oficio a los fiscales a cargo de este importante equipo, con el fin de evaluar su desempeño ético y profesional, ya que en los últimos tiempos vienen demostrando una sospechosa actuación.