Demoliendo tus ahorros previsionales

En estas líneas nos abocaremos a ponderar los pros y los contras de la última propuesta de reforma al sistema las Administradoras de Fondos Previsionales (las AFP). Esta vez la propuesta viene esbozada por el gato despensero… perdón, el Banco Central de Reserva del Perú o Instituto Emisor (dada su histórica proclividad a emitir, ni bien lo presionen). En esta tarea, nada mejor que descubrir la perspectiva y llamar a cada cosa por su nombre.

1.- El primer detalle a tener en cuenta es el vocablo “reforma”. Cualquier cambio de reglas, desde uno que introduzca incentivos e instituciones lúcidas —o de libre mercado, que al final es lo mismo— hasta una pateada de tablero para expropiar a los privados o introducir controles y restricciones a los negocios es comúnmente etiquetado como una reforma. Los cómplices de Maduro o Velasco —en sus más turbios e ineptos retrocesos— hablaron de reformas estructurales; y mucha gente, cándidamente, asumió que estos cambios de reglas, pateadas del tablero o reformas implicaban algo así como una mejora o un paso a la modernidad. Y esto no resultaba cierto, para nada

2.- El segundo detalle aquí implica no ignorar nuestra historia. En nuestro país no se puede olvidar que el Sistema de las AFP se introduce como reacción a los robos estatales a los entes previsionales de reparto (Instituto Peruano de Seguridad Social, IPSS et al). La inflación —causada entonces por el vergonzante accionar del Banco Central— y el mal manejo burocrático de estos entes esquilmaron miles de millones de dólares sin que ninguno de los responsables vaya preso y que las víctimas vean plenamente resarcido su daño financiero. Claro, eran cajas de reparto y nadie era dueño de nada. Así, desaparecieron los ahorros previsionales de varias generaciones y no pasó nada. Lo peor de esto es que hoy no faltan los personajes que añoran este esquema de rapiña estatal.

3.- Esta observación nos remite al tercer detalle: la carga ideológica. Para alguien con opiniones socialistas —como sostenía Proudhon—- la propiedad solo refleja el robo establecido. Usar fondos previsionales ajenos aludiendo a alguna prioridad social aún hoy es percibido por algunos como algo correcto. Y entre los años setenta y ochenta (los tiempos del mercantilismo-socialista posterior a la dictadura militar de 1968) esta fue la norma, de la mano con la desaparición impune de los ahorros previsionales. Nótese aquí que los izquierdistas peruanos no pueden resistir a dos tentaciones: votar o sostener genocidas y robar ahorros ajenos. Esto último, no lo olvide, es el leitmotif de muchos cuando hablan de las AFP.

4.- El cuarto y último detalle de esta discusión es el más grave. Nos refiere al mercado de trabajo local. Un sistema previsional donde empresas administradoras de fondos competirían entre sí, y estructurado sobre cuentas de capitalización individual de propiedad privada, solo resuelve el problema para la población con capacidad de ahorro. Esa minoría que en su vida laboral puede ahorrar para acumular un fondo capaz de comprar algún paquete jubilatorio apropiado. En un país donde secularmente la mayoría no accede a un empleo adecuado regularmente, unos pocos millones de peruanos podrán acceder a una jubilación apropiada, otros solo a un ahorro reducido e insuficiente; mientras que los millones restantes —operando en la ilegalidad (mal llamada informalidad) laboral y registrando ingresos de subsistencia— desdichadamente no conocen ni lo que es una AFP. Ponderando estos detalles, resulta entendible tanto la campaña mediática de demolición orquestada —desde los aciagos días del gobierno del prófugo de Palo Alto— contra el sistema de las AFP, cuanto su subsecuente impopularidad.

En todo este tiempo, el BCR, a modo de gato jugando al rol de despensero, se quedó más que calladito. Y es que la burocracia limeña aprendió a usar los ahorros del sistema privado como propios, a través de la pésima regulación vigente. A través de ella (el límite a las inversiones de las administradoras en el exterior), el Instituto Emisor pudo obligarlas a demandar instrumentos de balances locales, distorsionando la demanda por dinero. Así el BCR hace lo que le gusta (emitir) sin que la inflación se dispare. Por otro lado, también se aseguraron de que el MEF pueda colocar un enorme volumen de deuda soberana (Junk) en los portafolios que respaldan los ahorros de los trabajadores.

En medio de este prieta regulación y del reciente deterioro de términos de intercambio (que va a complicar el arrastre de un dólar administrado), de pronto se les ocurre proponer una dizque reforma al sistema privado. En esta se acuerdan de lo obvio: que se debería ampliar la gama de portafolios de inversión y promover el ingreso de más ofertantes de servicios previsionales.

Así, 25 años después de la creación de las AFP, plantean que se debería evaluar una reforma que genere más competencia. Lamentablemente el cambio de reglas tiene su contrabando. Pero nótese: no piden la libre diversificación del riesgo (eliminando el límite a las inversiones en el exterior), solo piden ampliar la gama de portafolios, involucrándose en inversiones en el sector de infraestructura —como en los años ochenta— quebrando una regla elemental (la libre diversificación global de riesgos). Es decir, que los ahorros previsionales le den soporte a un patrón expansivo de gasto fiscal.

Dado lo anterior, toda la desconfianza que le podamos asignar a esta propuesta será poca. Recuerden: la demolición del Sistema de las AFP no implica necesariamente una aniquilación a las administradoras. Esconde los afanes por tomar —léase esquilmar— los ahorros de los trabajadores, tal como sucedió con las AFPJ en la Argentina y en el Perú ochentero del IPSS. Y hoy —solo parcialmente— cuando a fines del diciembre pasado, y obligados por la regulación vigente, las AFP terminan “invirtiendo” más de US$ 10 billones de los ahorros de los trabajadores en financiar gastos corrientes del gobierno actual.