Defensoría del Pueblo

Con motivo de la elección del nuevo Defensor del Pueblo en el Congreso de la República, se han levantado muchísimas voces cuestionando el procedimiento para ello, así como a la persona que acaba de ser nombrada como titular de la Defensoría: Josué Gutiérrez. Recordemos que esta institución fue creada por la Constitución de 1993, teniendo por objeto la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, así como supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y de la prestación de los servicios públicos.

El Defensor del Pueblo debe ser elegido cada cinco años por el Congreso con el voto de por lo menos las dos terceras de su número legal, esto es 87 votos y, con esa misma mayoría calificada puede ser removido. El proceso eleccionario que acaba de concluir ha estado sujeto a increíbles inconvenientes, como acciones y decisiones judiciales en amparos promovidos por el Sindicato de la Defensoría para impedir que el Congreso ejerza su obligación de elegir al Defensor, lo que felizmente fue corregido por el Tribunal Constitucional.

Penosamente abogados de gran valía, que podrían ser excelentes defensores del pueblo, no se presentan al concurso promovido en el Congreso para llenar la vacante, pues muchas veces son agraviados y sus nombres manoseados. En el proceso que acaba de culminar ha habido candidatos que, teniendo más pergaminos y laureles que quien ha sido elegido, fueron descartados en el camino, como Delia Muñoz y Gastón Soto Vallenas.

Se ha imputado al Congreso arreglos bajo la mesa para tal elección, “repartijas” y negociaciones incompatibles con sus altas funciones. Pero los cuestionadores no entienden que, a diferencia del Ejecutivo –en el que manda quien ganó la elección–, al Parlamento llegan los representantes de todas las agrupaciones políticas que superaron la valla y que entran a una casa que podríamos denominar “condominio”. y que todo se resuelve con los votos; y para obtenerlos, cuando ninguna agrupación política tiene mayoría, pues tienen que conversar, dialogar y concertar. No hay otra fórmula, pues de no hacerlo nunca se conseguiría la mayoría requerida. Además, en el Congreso el voto del más calificado académicamente vale lo mismo que el del menos calificado.

En lo que se refiere al elegido, que dicho sea de paso no conozco, se le imputa haber sido abogado de Vladimir Cerrón. Pero los críticos olvidan que todas las personas tienen derecho a la defensa, incluso aquellos que son culpables. Y que los abogados tienen también el derecho de aceptar o rechazar los patrocinios que les son requeridos.

Ojalá que el nuevo Defensor pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales, pues lamentablemente la institución que presidirá ha sido poco eficiente hasta ahora, con mucho ruido pero pocas nueces. Si bien su función es exhortativa y no decisoria, seguimos con infinidad de conflictos sociales sin que haya sido posible una actuación decorosa como bisagra entre los reclamantes y el Estado. Y en lo que se refiere a servicios públicos, como es la dotación de agua potable, tendría la Defensoría que estar avergonzada.