¿De qué formalización hablamos?

Es más que sabido que gran parte de las actividades empresariales son informales, lo que se suma al grave problema general de informalidad, como por ejemplo el transporte terrestre de carga y de pasajeros, la ministración de justicia por ronderos, la persecución del delito por estamentos de seguridad irregulares y, así podríamos seguir y seguir.

¿A qué viene todo ello? Pues muy simple, a que recientemente se ha aprobado, promulgado y publicado la Ley 32353, que con bombos y platillos anuncia que ella es para la “Formalización, desarrollo y competitividad de la micro y pequeña empresa”

La Ley en cuestión, con tan rimbombante título, tiene nada menos que 83 artículos, 9 disposiciones complementarias más una derogatoria, que deroga o deja sin efecto más de 20 normas legales. Creímos ingenuamente que contendría la solución para la informalidad y normativa adecuada que permitiese la formalización de quienes siguen en situación por lo menos irregular.

Pues no señor, es una repetición de las normas que tienen las empresas formales para su actividad, como son la asociatividad empresarial, el acceso al financiamiento, régimen tributario , régimen laboral y de seguridad social tanto en el área de salud como en el pensionario, quizás con la única novedad de un crédito fiscal por gastos de capacitación. Como dice un viejo refrán: “mucho ruido y pocas nueces”

Con la nueva ley o sin ella, en la práctica seguiremos igual pues no hay incentivos para que los emprendedores informales cambien su estatus y se formalicen. Sin normas que seduzcan (en el buen sentido) a los empresarios informales, simplemente no se formalizarán.  No hay “borrón y cuenta nueva” que es lo que ellos requieren.

Cuando algún emprendedor informal se formaliza, es para que luego de ello tribute al Estado, cumpla con la normativa laboral para tranquilidad de sus trabajadores, cumpla también con las disposiciones municipales y de Defensa Civil, entre otras muchas, sin embargo para ello hay que darles un “caramelo” o incentivo desde el Estado como puede ser una amplia amnistía, que abarque por lo menos la deuda tributaria no prescrita, las obligaciones laborales y de seguridad social, sin olvidarse de las municipales y de Defensa Civil.

Si es que no se tiene el complemento de la amnistía muy pocos se formalizarán acogiéndose a la nueva norma, pues al día siguiente que lo hagan les caerá con toda su coerción la Sunat para que paguen lo adeudado con más intereses y multas. También les caerá Defensa Civil para verificar si cumplen con las medidas de seguridad en el local en que ejercen sus actividades.

Seguramente la Municipalidad de la localidad en que  se tiene el emprendimiento, les caerá por falta de licencia y hasta podrá clausurarlos.  Asimismo, les caerá la Seguridad Social por los aportes de salud, más la ONP por el Fondo de Pensiones. Igualmente –y dirán qué miedo– caerá Sunafil, que se solaza con poner altísimas multas, pero nada de prevención ni de ayuda. 

Entiéndalo, no habrá posibilidad de formalización sin amplia amnistía, aunque para los temas laborales por ser los beneficios sociales irrenunciable por mandato constitucional, lo que corresponde es generoso fraccionamiento sin penalidades. En buena cuenta: borrón y cuenta nueva.