Crónica de una bala anunciando muerte

Sobre el conflicto social en La Oroya y la empresa Doe Run

Si los revoltosos del sur, que atemorizan a la población y detienen el proyecto Tía María, son denunciados por bloquear las carreteras; los del centro son amenazados con denuncias penales por defender la inversión, el trabajo y la prosperidad. Aún cuando se condene los desmanes de La Oroya, estos actos son, de alguna manera, una garantía para los inversionistas de actividades extractivas. Allí la población cree en la minería responsable con el medio ambiente, siente suyo el Centro Metalúrgico La Oroya (CMLO).

“Conviviendo con la muerte”, han dicho algunos, pero esa historia es pasada, de los tiempos de la Cerro de Pasco Corporation y de la minería estatal. Hoy existen esfuerzos para modernizar la fundición, interrumpidos por el Estado.      

La Oroya fue engañada muchas veces. Mesas de diálogo inflaron el tema medioambiental soslayando los intereses nacionales y la capacidad de la ingeniería nacional y de sus posibilidades técnicas. Directivos de la compañía, trabajadores y pobladores tantas veces reunidos en el Congreso y en todos lados, cansados de repetir lo mismo a las mismas autoridades. La “problemática” Doe Run dándole luces a la desinformación y a oportunismos estériles.

Según la Cámara de Comercio de Huancayo hubo S/. 7 millones de “pérdidas” en las horas de bloqueo. No toma en atención los $500 millones anuales de pérdidas reales por exportar sólo concentrados y no valor agregado. Si para un sector empresarial es complicado entender la “problemática” Doe Run, la desgracia es mayor para quienes consumen información frívola y panfletera.

Manuel Pulgar, ministro del ambiente, dice que "no hay postores (para comprar el CMLO) porque es tecnología obsoleta". Ni una palabra sobre las inversiones en los PAMA, triplicadas para adecuarlos a las normas vigentes, tampoco sobre el agua Tipo III - sin contaminantes - que ahora se arroja al río Mantaro, ni que los circuitos de plomo y zinc reportaron una media anual de 80 microgramos/m3 de dióxido de azufre.

El ministro no valora los esfuerzos de la ingeniería local para mejorar el medio ambiente. Tampoco informa que quien compre la fundición invertiría en 14 años $800 millones para modernizar la planta, trasladar la chimenea, comprar nuevos hornos y, lo más audaz y novedoso para profanos, confinar las operaciones para evitar contaminantes fuera de ella. Manuel Pulgar le niega al país la oportunidad de demostrarle al mundo su capacidad de operar limpiamente una fundición.

El presidente Humala dijo que “algo falló con la empresa que se contrató” para vender Doe Run. La venta sería prorrogada por dos años mientras se vuelve a reiniciar las plantas de plomo y zinc si existieran concentrados disponibles. Profit, la administradora temporal del paquete Mina Cobriza y CMLP, a punto de caer.

Fred Contreras, ex Centromin y ex presidente del capítulo de minas de Junín, dice que “a los comercializadores les conviene llevarse concentrados y no valor agregado porque allí se van molibdeno, tungsteno, bismuto y otros minerales valiosos, y tierras raras todavía desconocidas”.

Destacamos la madurez de la dirigencia y de la población, frustrados tantas veces, todavía creyendo en los diálogos, paralizando sus protestas para encontrar entendimientos.  

Sentimientos encontrados dejan los acontecimientos de La Oroya. Reprobamos la violencia, sin embargo, si La Oroya no se moviliza no sería escuchada como tantas demandas que no se oyen en Perú. “Si no lloras no mamas”, tan vigente cada día en un país donde la autoridad ausente espera que una bala le anuncie una muerte.
 

Por: Manuel Gago Medina