¿Compras direccionadas en el Ministerio del Interior?

Treinta años después de acabado el desastroso estatismo velasquista, cuando el costo de esa reedición empeorada de esa barbaridad —que es el chavismo en Venezuela— inunda nuestras calles de refugiados, cuando en todo el mundo occidental la actividad empresarial está en manos privadas y justo cuando el Presidente se pavonea de su lucha verbal contra la corrupción, aparece en el Ministerio del Interior la directiva Nº 05-2018-IN-OGAF (sospecho que sorprendiendo al ministro) que direcciona maliciosamente las compras del equipo policial, marginando a las empresas más reconocidas del sector. Es decir, justo cuando la delincuencia arrecia atacando al pueblo, se pretende limitar la capacidad de acceso de la PNP a las mejores herramientas que ofrece el mercado especializado para esta lucha.

La Directiva 05, de aplicación obligatoria para las adquisiciones para la PNP, restringe la oferta a las empresas de propiedad estatal (lease Rusia, Corea del Norte, China y algún otro estado de Europa oriental, Africa, Eurasia o Asia) o a empresas privadas que puedan exhibir garantía estatal por los bienes que oferten. Es decir, que se exceptúa expresamente a la industria norteamericana y europea occidental, ya que en esos Estados las empresas son privadas y pocos, si acaso alguno, se arriesgarían a ser irrespetuosos con los fondos de los contribuyentes garantizando un negocio de una empresa privada.

El tema no es poca cosa. En el caso del armamento policial, por ejemplo, las policías más respetadas y mejor equipadas del mundo occidental —incluyendo Norteamérica, Centro y Sudamerica— han optado por la fiabilidad comprobada y respaldo absoluto que ofrecen las fábricas que operan dentro de países democráticos con economías capitalistas, en los que el prestigio no depende del favor estatal. Beretta, FN, Glock, HK, LMT, S&W y Sig Sauer son, en orden alfabético, algunas de las marcas de pistolas, subfusiles, rifles y ametralladoras producidas en el mundo occidental, que han sido elegidas por las distintas policías por su comprobada fiabilidad. Todas ellas son empresas privadas ubicadas en países serios, en los que es difícil, si no imposible, esperar que el Estado garantice a los proveedores de equipamiento policial en sus negocios privados con otros estados. Mis fuentes me informan que existiría ya correspondencia oficial de la embajada de los Estados Unidos llamando la atención sobre la exclusión.

Existe en EE.UU. un sistema denominado FMS, exclusivo para compras militares de los países considerados aliados estratégicos. Este sistema se ha aplicado de modo excepcional en el pasado a la Policía Nacional de Colombia, que califica porque se encuentra dentro del Ministerio de Defensa de ese país. La PNP, a diferencia de las FF.AA., carece de una vía para acceder a esa opción contractual, por lo tanto la industria estadounidense está exceptuada de inicio.

Resulta curiosamente ingrato que mediante esa directiva se excluya justamente la industria de los países que más ayuda ofrecen y brindan en la capacitación de Dinoes, Dircote, Suat, Dirandro y otras unidades de la PNP. Si la intención de limitar de modo tan absurdo las opciones para las adquisiciones policiales fuese solo evitar la sempiterna corrupción (tan enferma y absurda que busca lucrar hasta en las donaciones) basta con acceder a la información (que hoy es pública y accesible en tiempo real) de las adquisiciones de otras policías y publicarla.

Ya basta de disfrazar la cutra con discursos de honestidad. ¡Los niveles de inseguridad ciudadana y el riesgo que corre la vida de los policías no dan más!